La Corte Constitucional de Colombia aplicó el principio de precaución en un fallo de tutela con el objetivo de prohibir que «se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea».
El fallo plantea que se apliquen otras medidas por parte del Gobierno colombiano para que en la erradicación terrestre con glifosato, que actualmente se realiza por las autoridades, “se busque una forma alternativa con otra sustancia química no tóxica, o bien esta se realice bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que esta pueda llegar a tener sobre las comunidades étnicas”.
La decisión de la Corte exhorta al Congreso colombiano a expedir una nueva legislación que trate de manera integral el tema de la erradicación de cultivos lícitos, más allá del reciente decreto del Gobierno, expedido por las facultades extraordinarias otorgadas al presidente, y que entregó a la policía la contratación de grupos móviles para esta tarea.
La Corte solicitó al Gobierno colombiano que explique por qué se le encomendó la contratación a la Policía Nacional, mientras que esa institución debe explicar qué mecanismo utilizará para identificar a las personas naturales y jurídicas que pueden hacer estas labores de erradicación.
El Ministerio de Ambiente, por su parte, debe remitir a la Corte el Plan de Manejo Ambiental para la implementación del programa de erradicación de cultivos ilícitos y el Ministerio debe enviar copia de los protocolos de mitigación del riesgo y salud ocupacional del programa.
