La instalación de la audiencia remota del juicio oral contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por los delitos de colusión y lavado de activos ha sido programada para el 11 de septiembre, según informó este jueves la Corte Superior Nacional de Perú.
Junto a Toledo serán procesados por el Segundo Juzgado Penal Colegiado otros seis acusados por los mismos cargos, indicó la corte a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.
Además del exmandatario están acusados Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, para quienes el Ministerio Público pide se imponga 20 años y 6 meses de cárcel, al igual que para Toledo.
Para los acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco–Font y Avraham Dan On, la Fiscalía ha pedido 9 años de cárcel y para Gonzalo Ferraro Rey solicitó 11 años y 6 meses.
La sala es presidida por la jueza especializada Zaida Pérez e integrada por Ricardo Manrique y Juan Roldán.
La semana pasada, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la solicitud de suspensión de la prisión preventiva impuesta al expresidente Toledo y a su esposa Eliane Karp, que actualmente se encuentra en Israel, mientras son investigados por lavado de activos en agravio del Estado.
Toledo fue extraditado desde EEUU en abril pasado para ser procesado en Lima por presuntamente haber recibido 34 millones de dólares (unos 31,7 millones de euros) en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle varios tramos en la construcción de la carretera Interoceánica sur, además de otro caso de compras inmobiliarias a través de la empresa Ecoteva.
En mayo pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró inadecuada la excepción de improcedencia de acción solicitada por el abogado de Toledo, Roberto Su, para excluirlo del delito de colusión.
El magistrado declaró, además, que «la conducta atribuida a Alejandro Toledo tendría relevancia penal en este caso«, en el que también es procesado por lavado de activos.
Concepción señaló en su resolución que, según la acusación del Ministerio Público, el exmandatario había intervenido en un «pacto colusorio» con Odebrecht y que «habría infringido uno de sus deberes, resguardar los intereses del Estado, al concertarse con el interesado«.
A mediados de mayo, la Fiscalía peruana dio inicio al requerimiento de extradición activa y detención preventiva de la esposa de Toledo, Eliane Karp, con el envío del oficio por parte del jefe del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, a la presidenta de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, Araceli Baca Cabrera.
Karp, quien residía en EEUU junto a su esposo, se trasladó en mayo a Israel y cuenta con la solicitud de arresto enviada a Israel y la actualización de las órdenes de captura nacional e internacional por el mencionado presunto delito.
En 2013 y a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de la madre de Karp y suegra de Toledo, Eva Fernerburg, y a través de la empresa Ecoteva, el Ministerio Público investigó a la familia por un presunto delito de lavado de activos.
Toledo, siempre según la acusación de la Fiscalía, obtuvo coimas por más de 30 millones de dólares de Obebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
El Ministerio Público considera que parte de ese dinero fue presuntamente transferido a la empresa Ecoteva
NAM – EFE
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