El presidente peruano, Pedro Castillo, presentó este lunes ante la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la Fiscalía de la Nación (general) contra el mandatario por presuntamente encabezar una organización criminal.
“Presentada la tutela de derechos en defensa del presidente Castillo apara anular la denuncia constitucional de la FN (Fiscalía de la Nación)”, escribió en Twitter el abogado defensor del gobernante, Benji Espinoza.
El recurso busca anular la denuncia que el Ministerio Público presentó ante el Congreso el pasado martes contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión (fraude) y que, según la defensa del presidente, es “inconstitucional” y forma parte de una estrategia de golpe de Estado.
El documento, difundido por Espinoza en la misma red social, solicita al juez supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que adopte la medida “por afectación a la garantía y derecho de la tutela jurisdiccional efectiva”.
El recurso pretende invalidar la denuncia constitucional que la fiscal general, Patricia Benavides, presentó en el Parlamento contra Castillo por un caso en el que también están implicados varios exministros de su Gobierno y miembros de su entorno familiar por supuestamente integrar una red corrupta para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas”.
Este hecho, inédito en la historia del país, dejó en manos del Legislativo, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el gobernante, que, en total, ha sido investigado en seis supuestos casos de corrupción desde que comenzó su mandato en julio de 2021.
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Pero en la denuncia Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.
El periplo parlamentario de la denuncia constitucional contra el jefe de Estado arrancó el viernes pasado, cuando la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la conservadora Lady Camones, dio cuenta de la recepción del documento.
En caso de que la acusación contra Castillo sea admitida por este comité parlamentario, entrará en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que la subcomisión emita su informe final.
Si este informe procede, pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde, para prosperar, requerirá de los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo, menos que las dos terceras partes de la cámara que exige una moción de vacancia (destitución).
En caso de que el hemiciclo apruebe acusar constitucionalmente a Castillo y se levante la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
NAM – EFE
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