La Procuraduría General de la Nación de Colombia sancionó al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, con destitución e inhabilidad por 10 años para ocupar cargos públicos, luego de que se determinara que vulneró los principios de la contratación estatal al declarar desierta una licitación para la expedición de pasaportes. La sanción se impuso tras evaluar el proceso que llevó a Leyva a tomar esta decisión en 2023, cuando la licitación solo recibió una oferta, lo cual no justificaba legalmente la anulación del proceso.
Según la Procuraduría, la decisión de Leyva no cumplió con el principio de «selección objetiva» que rige la contratación pública, ya que el único oferente cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. La entidad concluyó que la actuación del excanciller constituyó una falta grave al desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad que deben regir estos procesos.
Leyva, de 82 años, fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, y ejerció como canciller desde agosto de 2022 hasta mayo de 2024, cuando fue suspendido temporalmente debido a este mismo caso. La Procuraduría destacó que aunque se absolvió al excanciller por la declaración de urgencia manifiesta para contratar directamente, la anulación de la licitación por sus propios méritos fue inapropiada.
El fallo se refiere a una licitación que fue cancelada después de que solo se presentara un oferente, la empresa Thomas Greg & Sons, con la que el gobierno ya había firmado un contrato que aún tenía tres años de vigencia. Tras el fracaso del proceso, la compañía demandó al Estado por un monto cercano a los 117.000 millones de pesos (aproximadamente 26 millones de dólares). En la investigación también se señaló que otras empresas, incluidas algunas que ya proveen documentos oficiales en otros países, se retiraron por no considerar que existían condiciones equitativas para competir.
Álvaro Leyva reaccionó a la sanción afirmando que la Procuraduría había tomado una «decisión mezquina y ruinosa» para los intereses públicos, y anunció que apelará la determinación. La defensa también argumentó que el proceso disciplinario había estado marcado por irregularidades.
NAM/Agencias
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