Un juez federal de Florida coincidió el miércoles con el fiscal general republicano del estado en que la política del gobierno del presidente Joe Biden de liberar a muchas personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en lugar de detenerlas viola la ley de inmigración estadounidense.
El juez federal de distrito T. Kent Wetherell en Pensacola impidió que la administración siguiera implementando un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2021 que había autorizado “alternativas a la detención” para aliviar el hacinamiento en los centros de detención. Estas alternativas incluían tobilleras, monitoreo telefónico o registros por parte de oficiales de inmigración. Los críticos republicanos han llamado a la política “atrapar y liberar”.
Wetherell, designado por el expresidente republicano Donald Trump, dijo que las autoridades federales de inmigración carecen del poder para implementar esas alternativas de manera generalizada según la ley existente. El juez estuvo de acuerdo con el argumento presentado por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien cuestionó la política.
“Los acusados han convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que ingresan al país”, escribió Wetherell, refiriéndose a los ciudadanos no estadounidenses que cruzan la frontera ilegalmente.
Moody dijo en un comunicado que la decisión del juez “afirma lo que hemos sabido todo el tiempo, (que) el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro”.
DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Sin recursos ni capacidad de detención
La administración ha dicho que carece de los recursos y la capacidad de detención para procesar una oleada reciente de migrantes. El fallo del miércoles podría conducir a un aumento significativo en el número de personas en los centros de detención.
Moody demandó al DHS en 2021, alegando que su política, conocida oficialmente como Parole Plus Alternative to Detention, viola una ley estadounidense llamada Ley de Inmigración y Nacionalidad. Más de 100 mil personas fueron liberadas en Florida como resultado de la política de la administración, lo que obligó al estado a incurrir en costos sustanciales para brindar servicios sociales, según la demanda.
La ley federal de inmigración permite que el DHS otorgue “libertad condicional” a los inmigrantes en lugar de detenerlos “caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”. La administración argumentó que el memorando de 2021 era un ejercicio de esa discreción porque el hacinamiento en los centros de detención equivalía a una crisis humanitaria.
Wetherell decidió que la política violaba el requisito de que el gobierno considere la libertad condicional caso por caso.
Florida y otros 19 estados liderados por republicanos están desafiando por separado otra política de la administración que permitiría que cientos de miles de personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua sean liberadas en los Estados Unidos en lugar de ser detenidas cada año.
NAM – Reuters
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