El proceso de mutación que ha sufrido la economía venezolana con el efecto pernicioso de la hiperinflación y la dolarización de facto hacia nuevas estructuras de negocios, mercados y grupos sociales concentrados con una dinámica económica que excluye a los sectores más empobrecidos de la población, implica que el Gobierno ahora está completamente adaptado a la compleja y múltiple realidad que vive el país.
Y es que la crisis económica y social venezolana se expresa en varias dimensiones simultáneas. Una de ellas es de naturaleza fiscal. El economista Leonardo Vera aseguró en el informe “Venezuela: Política y Economía en Perspectiva”, realizado por la firma Carpe Diem Comunicaciones, que los impuestos para pagos en dólares tendrán un efecto marginal en la recaudación nacional.
Esto se debe a que podría crearse un clima social y económico adverso en el que los emrpesarios y comerciantes se muestren renuentes a reducir la rentabilidad de su flujo de caja por cancelar impuestos al Estado con tasas que descontrolan el nivel de dividendos de sus negocios, pues al estar denominadas en dólares, una tasa impositiva acumulada del 5% al 25% tendría un efecto de contracción sobre las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, e incluso sobre aquellas grandes empresas que manejan déficits en inventarios, producción y exportaciones.
Durante la gestión de Nicolás Maduro, que ya comienza su octavo año, las cuentas públicas han sido ininterrumpidamente deficitarias y fue por ello que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reformó la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para cobrar tributos en aquellas transacciones que sean pagadas con divisas o criptomonedas que no estén respaldadas por la República.
No obstante, ese motivo que llevó al chavismo a instaurar un nuevo sistema de captación de recursos ante las restricciones de las sanciones de Estados Unidos y su déficit de ingresos en dólares, no se acopla con el cambio de perspectiva que ha mostrado el gobierno de Maduro al despenalizar la tenencia de divisas, flexibilizar y liberar los aranceles a las importaciones, así como eliminar el control de cambio por el sistema de subastas de dólares y euros. El mandatario se muestra ahora abierto a la circulación del dólar como un «alivio» a la economía del país, aunque no esté de acuerdo con implementar una dolarización formal del país.
“La mayor parte de estas reformas tendrán, a decir verdad, un efecto marginal en la recaudación. El gravamen doble que supone la reforma de la Ley del IVA aumentará el incumplimiento y la evasión, y la eliminación de la exoneración en el pago de aranceles e IVA sobre ciertos productos importados podría simplemente hacer desaparecer dichas importaciones aluvionales”, precisó.
Una tasa del 25% para las importaciones de bienes suntuosos, aunque ya las empresas no deban pagar aranceles por ellos, implica fuertes disminuciones a los ingresos reales de aquellas compañías y medianas empresas que han visto en la importación una oportunidad de negocio para traer mercancía sin costos aduaneros y comercialización interna en dólares con ganancias por precio unitario bastante importantes.
Explica que en los primeros años del gobierno autodenominado revolucionario si bien la brecha fiscal respondió mucho más a las expansiones desordenadas de gasto, en los últimos años la presión inflacionaria sobre los impuestos directos, el contexto depresivo en la actividad económica y la estrepitosa caída en la tributación fiscal de origen petrolero, han generado gravísimas dificultades por caídas en la recaudación tributaria real.
«La falta de corrección de un desequilibrio fiscal que termina siendo financiado con emisión monetaria, es uno de los dos grandes problemas que han terminado por dejar sin efecto la política anti-inflacionaria (que hemos comentado en anteriores reportes). El otro es la escasez de medios de pago internacional”, expresó. Reveló, además, que Venezuela tuvo un pésimo año fiscal en 2019.
Ricardo Serrano
