El Defensor del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, reveló el miércoles 23 que miembros de la comunidad yanomami en Parima B, municipio Alto Orinoco, no han dejado salir a los militares de la base que se encuentra en esa zona tras la reyerta del pasado 20 de marzo.
En una entrevista con la emisora la emisora Raudal Estéreo, Castro informó que la base Parima B, actualmente en manos de la Aviación, alberga a 17 efectivos desde noviembre de 2021. Anteriormente ese puesto lo ocupaban tropas del Ejército venezolano. El Defensor del Pueblo de Amazonas especificó que «esta base no pertenece a la jurisdicción de Puerto Ayacucho sino al estado Aragua. Y por eso estos muchachos no conocen la cultura yanomami. Por eso exigimos al Estado venezolano instruir mejor a estos funcionarios».
El pasado 20 de marzo, y según las informaciones que han recolectado las autoridades, el conflicto se originó porque «últimamente no se estaba cumpliendo el acuerdo en el uso de un router para servicios de internet, propiedad de la comunidad, y la base militar, que tiene energía eléctrica y antena».
Castro dijo que, hasta los momentos, la Defensoría no maneja los nombres de los funcionarios que habrían disparado contra los indígenas, ocasionado la muerte de cuatro yanomamis, entre ellos una mujer de 45 años.
Reiteró que los supuestos culpables «aún se encuentran en Parima B, se habla que serán juzgados por la jurisdicción ordinaria pero hay que recordar que se encuentran en territorio yanomami y ellos tienen sus reglas, por eso no los han dejado salir».
¿Se violó el acuerdo?
El defensor Gumersindo Castro recordó que en esa zona del Alto Orinoco perteneciente a los yanomami «existe un acuerdo amistoso desde 2012 validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante que la población sepa por qué hay presencia de las Fuerzas Armadas en esta zona. Es un acuerdo entre el Estado y los peticionarios en su momento».
Explicó que el Estado venezolano «respondió con un plan estratégico nacional para la defensa, desarrollo y consolidación del sur y, a raíz de ese plan, es que se establece esa base para proteger al pueblo yanomami de todas las actividades ilegales que pudieran menoscabar de su cultura».
El defensor destacó que ese compromiso buscaba frenar el ingreso de los garimpeiros en ese momento, la prohibición de las actividades mineras en esa zona. «Esa es la misión de la Fuerza Armada, proteger al pueblo yanomami y nosotros nos estamos ocupando para que haya justicia en este caso».
En 1993 ocurrió la masacre de Haximú, donde fueron asesinados 12 indígenas yanomamis por mineros brasileros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado venezolano por los hechos, comprometiéndose éste a realizar la demarcación de los territorios indígenas.
NAM/Vía Tal Cual
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