El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA), Edison Arciniega, alertó sobre las amenazas latentes y tangibles que pudieran afectar significativamente la seguridad y soberanía alimentaria de Venezuela. En consecuencia, Arciniega no descarta que, durante el segundo semestre del 2022, se duplique el valor de las importaciones de alimentos, pasando de 2.800 millones de dólares (presupuesto para la fecha), a cerca de 6.000 millones de dólares.
“Lo razonable sería impulsar la producción interna de alimentos para reducir la independencia de las importaciones, para abaratar los costos de la factura exterior”, alegó el experto en seguridad alimentaria.
Arciniega destacó que aunque este escenario de reactivación es palpable, existen múltiples factores exógenos que perjudican esta opción, entre ellos: el clima de inversión que existe en la realidad venezolana, los conflictos de tierra, ocupaciones irregulares o invasiones, el incremento del valor de las importaciones y el conjunto de delitos ambientales.
“Hay continuidad de las ocupaciones ilegales de tierra en los estados Mérida, Zulia y Barinas; los cuales se están expandiendo a zonas de Lara, Yaracuy y Falcón, donde hay focos activos o reactivados de invasión”, aseveró el sociólogo.
Venezuela no escapa a las siete crisis mundiales
Para el también director de la ONG Ciudadanía en Acción resulta preocupante que el Gobierno Nacional solo ha permitido el flujo de al menos 500 millones de dólares, de los casi 3.000 millones de dólares que se necesitan para la recuperación de todo el sistema alimentario nacional.
Arciniega aseguró que Venezuela no escapa a los efectos de las “siete grandes crisis mundiales” en materia alimentaria, entre las que se encuentran: la crisis de los contenedores ( cuyo valor de flete aumentó hasta 500%); la de la urea (por el conflicto Rusia –Ucrania).
Asimismo, la crisis por la salida del mercado del trigo (superior al 15%), la del fosfato; la crisis del financiamiento, de la oleaginosa y la crisis climática (la cual reduce la producción de soja, maíz, carne y leche; a nivel global 6%, en promedio).
“Nosotros vamos a ser especialmente afectados”, consideró.
El portavoz señaló que en el país más de 100.000 hectáreas de tierras están siendo vulneradas producto de los delitos ambientales, mientras se vienen registrando ocupaciones ilegales y de explotaciones irregulares en 19 reservas de medios silvestres.
“80% de los conflictos de tierra en Venezuela tienen acciones contra reservas forestales, hay un componente de explotación irregular de la madera”, destacó Arciniega.
El sociólogo denunció el caso de la Reserva de Medio Silvestre El Hierro, del Fundo Barimisagua, en el estado Falcón: “A la vista de todos, se está ejecutando un ecocidio sin que las autoridades nacionales intervengan”.
Dijo que está acción pone en riesgo a la cuenca lechera de Yaracal y que “amenaza al pueblo de Sanare, con dejarlo sin agua porque se está cegando la cabecera de los cursos de agua”.
NAM / Agencia
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