El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de la ONU para DDHH no volverá al país hasta que rectifique públicamente por presuntas violaciones a los términos de cooperación.
Muy enfático y tajante fue el jefe de Estado en relación con un posible regreso de los funcionarios de DDHH a Caracas: “Hasta tanto esa oficina no respete la aleta de Naciones Unidas, no respete la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país”.
En ese sentido, el Mandatario, en su programa transmitido todos los lunes, señaló que el tras su instalación en Venezuela, la oficina técnica “se desvió”. “De repente se transformó en una oficina de espionaje interno“, destacó el presidente Maduro.
«Bufete para terroristas»
Aunque, aseguró que su gobierno hizo varios llamados al Alto Comisionado de DDHH de la ONU, dicha instancia se convirtió “en un bufete de abogados de terroristas, conspiradores y magnicidas en Venezuela”.
El mandatario también resaltó que fue él quien solicitó a la entonces, alta comisionada de DDHH de la ONU, Michel Bachelet, instalar una oficina de asesoría técnica en el país.
No obstante, relató que la oficina se transformó en una instancia de “colonialismo judicial”, sobre lo cual, recalcó que el país “no está para colonialismos”.
El presidente Maduro, además, explicó que el pronunciamiento del Alto Comisionado se basó en la defensa de personajes que están “convictos y confesos” por el caso de magnicidio en su contra. Arremetiendo contra el Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia y el pueblo venezolano.
“Fue esa oficina técnica la que rompió los acuerdos firmados y violaron el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas”, reiteró el mandatario.
De modo que precisó que hasta que no rectifiquen y pidan disculpas públicas “no volverán al país”.
El pasado 15 de febrero, el canciller Yván Gil anunció la decisión de expulsar a la oficina de la ONU para DDHH del país.
La decisión de Maduro se produce días después de la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de presuntamente participar en una presunta conspiración contra el Ejecutivo.
NAM/Agencias
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