El líder del movimiento político Zulia Humana, economista Rodrigo Cabezas, se pronunció esta mañana en rechazo a la aprobación, en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria por considerarla un instrumento que atenta duramente a la autonomía municipal y a sus competencias tributarias.
“Esta ley poco conocida, por demás, le pega un hachazo a la autonomía municipal y a las competencias tributarias de los municipios de toda Venezuela. Esta no es una ley de armonización, sino una ley de subordinación de los municipios y gobernaciones al Ministerio de Finanzas, es un instrumento que vulnera el concepto constitucional del modelo de estado federal descentralizado, violenta la autonomía de los municipios claramente establecido en el artículo 180 de la Constitución Nacional que le otorga potestad legítima a todos los municipios organizar su hacienda pública municipal, cobrar sus tributos, llevar los registros correspondientes, fijar las alícuotas correspondientes”.
Cabezas afirma que la ley declara, en un hecho sin precedentes “que el Ministerio de Finanzas pasa a ser el ente rector del sistema tributario de los municipios y gobernaciones de Venezuela y declara, además, que las alícuotas de los tributos las va a fijar el Ministerio de Finanzas, declara allí un nuevo registro para que los empresarios y contribuyentes de todos los municipios del país que llevará y manejará el Seniat en Caracas”.
“Ley inconstitucional e inconsulta”
El docente y economista tilda de “inconstitucional” el estamento aprobado por la AN en primera discusión: “Un gobierno que ya les quitó a los estados y municipios el Fides, la Laee, y los golpea por el Situado Constitucional ahora le añade este nuevo hachazo con esta ley que es una barbaridad de ley que ratifica la vocación totalitaria de un gobierno para afectar a las regiones y municipios”.
Cabezas sostiene que esta ley debió y debe ser discutida de cara a la nación consultado a los 345 alcaldes, consultando a los Consejos Legislativos, a los Concejos Municipales, no puede ser aprobada esa ley sin cumplir el artículo 206 constitucional que establece que antes de aprobar una ley que afecte a los Estados deben ser consultados los Consejos Legislativos, por tanto, en este momento, lo importante es que, si es que aún hay alguna vocación democrática en la AN madurista, debería convocarse a los 100 alcaldes de la oposición para que se expresen sobre esta ley”.
En este contexto, el diputado Eduardo Labrador recordó que “este mismo año, les fue eliminado el 71% de lo correspondiente por Situado Constitucional a todas las gobernaciones y alcaldías como consecuencia de un cambio de conceptualización de los ingresos petroleros ordinarios a extraordinarios, sino que, además, en el caso del Zulia, nos han eliminado la administración del puerto, aeropuerto, autopistas, peajes, es decir, los recursos que vienen por la descentralización que fue un logro de una larga lucha en Venezuela, ahora retrocedimos hacia un centralismo totalitario y coartar así las capacidades autónomas de cada municipio y región para poder hacer gestión”.
“Como diputados al Consejo Legislativo del Zulia –apunta Labrador- estamos exigiendo que debe aplicarse el artículo 206 de la Constitución, ya explicado por el compañero economista Rodrigo Cabezas que se refiere a la consulta que obliga la Carta Magna a realizarse para aprobar este instrumento”.
La Ley deberá someterse a una segunda discusión y de allí entonces se producirá la aprobación final para luego autorizarse el ejecútese cuando esta se publique en Gaceta Oficial.
NAM/Redacción
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