El pueblo de Venezuela disfrutaba, desde el año 2000, diversos proyectos sociales que actualmente han sido gravemente afectados por la implementación de “sanciones” unilaterales e ilegales desde EE.UU. y otras naciones.
Así lo determinó la relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, durante la presentación de su informe preliminar “Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales”.
La Relatora Especial comprobó que desde el año 2000, el Gobierno Bolivariano puso en marcha un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la salud, vivienda, educación, alfabetización, alimentación, suministro de electricidad, agua y servicios públicos, atención sanitaria, planificación familiar, alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, “muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado”.
Advirtió que todos estos programas dependían de una economía en gran medida soportada por la venta del petróleo, que incluía la adquisición de maquinarias y piezas de repuesto, alimentos y medicamentos, todos importados principalmente de Estados Unidos y Europa.
Con relación a la salud, pese a que Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita, política que se ha mantenido incluso durante las actuales sanciones.
Pero desde 2014, con la caída de los precios del petróleo, comenzó un declive económico que se exacerbó con las políticas de “sanciones” unilaterales, llevando a la configuración de una eventual crisis humanitaria sin precedentes, en referencia a las recientes políticas implementadas desde el extranjero, que han “sancionado” a la principal industria del país, PDVSA, bloqueando incluso el libre comercio del principal producto de exportación del país que genera la mayor cantidad de divisas.
Los ingresos nacionales se han reducido, en más de 99% comparándolo con las entradas por la venta de petróleo en la primera década del siglo XXI.
La alta funcionaria de la ONU respondió preguntas de los periodistas y comprobó que, según estadísticas actuales, el 76% de los recursos presupuestados en Venezuela se utilizaban para los programas sociales “y si solamente tienen 1% de ingresos, en realidad es una suma de dinero verdaderamente miserable para el país”.
“La caída del precio del petróleo impactó muchísimo la economía de los países productores de petróleo, incluyendo a Venezuela. Lo que estamos viendo hoy es que Venezuela no puede vender su petróleo y por tanto no tiene ingreso alguno”, dijo Alena Douhan a los periodistas.
El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad.
La Relatora destacó en su informe el desvío de activos de CITGO, filial de PDVSA en EE.UU. que impidió los trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; los cuales se realizaban en Italia y Argentina antes de 2016 eran totalmente gratuitos por parte del Estado venezolano.
Otro ejemplo es el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas, que de un promedio de 1.000 intervenciones quirúrgicas anuales en el período 2010-2014, se redujo a 162 en 2020 por el recrudecimiento de las medidas coercitivas.
El informe registró el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.
“Sanciones” contra la propiedad privada
La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por “exceso de cumplimiento” de las sanciones, resulta en la violación del derecho a la propiedad.
Informó que durante su estadía en Venezuela, recogió diversas denuncias del sector privado, organizaciones no gubernamentales, universidades, clubes deportivos y la gran mayoría de ciudadanos de Venezuela contra la conducta de bancos extranjeros al negarse a abrir o mantener sus cuentas bancarias, las dificultades para obtener visados y comprar pasajes aéreos; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países y la obligación de pagar altos costos por concepto de “seguros” adicionales.
La Relatora manifestó que esta reticencia de cooperar con las instituciones y ciudadanos venezolanos y aplicar impedimentos a transferencias de dinero, dificultades en cuentas bancarias públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan el derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.
También observó con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente el derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.
Sanciones inhumanas
El informe precisa que las “sanciones” unilaterales han impedido la adquisición de medicamentos y vacunas en el exterior, además de haber inducido al aumento de sus precios cuando se consiguen.
Pero, además, han provocado perturbaciones en los servicios de electricidad, agua y problemas de saneamiento debido a la imposibilidad de adquirir repuestos. Han facilitado el deterioro de la infraestructura debido a la ausencia de piezas de repuesto y nuevos equipos por la negativa a venderlos o entregarlos desde el exterior y la degradación de las condiciones de trabajo.
Se calcula que 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, las sanciones han provocado fallas en el abastecimiento debido a afectaciones al servicio de electricidad que ha impactado negativamente en las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras. La distribución de agua solo puede hacerse “por turnos” para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares solo pueden acceder al agua una o dos veces durante algunas horas. Debido a las sanciones comerciales internacionales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.
En resumen, expresa el informe, actualmente Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. La compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados.
Confirmó la Relatora que en el periodo 2018-2019, el Gobierno venezolano introdujo nuevas políticas para enfrentar las “sanciones”, mediante la flexibilización económica interna: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.
“Sin embargo, el endurecimiento de mayores sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar sus proyectos sociales”, leyó en su informe.
Dijo la Relatora a los periodistas que la situación general en Venezuela, al igual a la de cualquier país del mundo, se ve afectada gravemente por sanciones unilaterales. “Es imposible saber el porcentaje real de las sanciones, pero sí puedo decirles que la implementación de estas sanciones ha tenido un impacto gigantesco en el acceso al derecho a la vida, a la educación, a la comida y medicinas y en cualquier ámbito de la vida diaria”.
NAM/VTV
