Tras las fracciones parlamentarias de Encuetro Ciudadano y Proyecto Venezuela, expresaron al país posición frente a la reforma de la Ley del Estatuto de la Transición, la cual se presentó en diciembre de este año para regir el período constitucional que inicia el 5 de enero del proximo año.
«Hemos sido siempre muy firmes en nuestro apego a la legalidad y la defensa de la Constitucionalidad. Ello ha sido nuestro único marco de acción a lo largo de estos años. Hemos defendido indubitablemente la vigencia del art. 233 Constitucional y como pocos, hemos sido firmes defensores de su contenido». aclararón.
«Para nosotros, lo primero siempre ha sido y será Venezuela y no concebimos que exista ningún interés por encima de los de nuestro país. Hoy, la nación sufre una grave crisis humanitaria compleja, que nos mantiene sin respeto a los derechos humanos más básicos y que ha llevado a millones de nuestros nacionales a abandonar el país, incluso a riesgo de su propia vida. Igualmente, somos víctimas de una terrible separación familiar que viene dada también por la prisión y persecución política y diversas circunstancias causadas por la dictadura. Todo ello debe ocupar nuestro trabajo y tiempo. La conexión con cada venezolano es esencial y lamentamos profundamente que hoy parezca que existe un grave distanciamiento entre la política y la ciudadanía».
Ambas fracciones parlamentarias aseguraron que se han mantenido en exigencia firma de transparencia, negando el voto en reiteradas ocasiones para asuntos relacionados con el manejo de la empresa Monómeros, cuando hemos considerado que estos son inconstitucionales y carecen de la transparencia que urge al país, sobre todo, debido a las dudas razonables que presenta el correcto manejo de fondos y activos.
Dieron por sentado que «Hemos recibido dos propuestas, una que elimina de raíz al llamado «Gobierno interino» y otra que mantiene al mismo exactamente en la misma posición y con la misma estructura que maneja actualmente».
Realizaron observaciones a ambos proyectos y aseguraron que por la unidad, requieren que la mayoría parlamentaria y en ejercicio del cual han conducido la legítima Asamblea Nacional 2015 a los largo de estos años, que actúen en favor de Venezuela y se encuentre un punto de equilibrio que no ponga en riesgo los intereses de la nación. «Ambos proyectos presentados por los bloques parlamentarios mayoritarios carecen de los requisitos para ser aprobados».
En cuanto al PRIMER PROYECTO presentado observaron lo siguiente:
– La propuesta planteada que elimina al Gobierno Interino y sus instituciones, en la parte final de su exposición de motivos, elimina todas las “disposiciones” emitidas o generadas por el Gobierno Interino, con lo cual se declara la nulidad de todo lo acordado en estos años, esto genera una profunda incertidumbre jurídica.
– En el Art 10 del proyecto, mantienen funcionarios de GI, asunto este contradictorio con el resto del documento y en el mismo artículo señalan que protegen los bienes de Venezuela en Estados Unidos, con lo cual pueden arriesgarse los bienes de la nación que están en otros países
– En el artículo 20, se entrega los “bienes del GI” al consejo de protección de activos, con lo cual se viola la Constitución y se genera la tenencia de bienes de la nación sin control de la Contraloría.
– Si bien en los artículos 3 y 6 del señalado proyecto, se reconoce la inconstitucionalidad y se reitera la nulidad de los procesos de Mayo de 2018 y diciembre 2020 y se reconoce que el régimen está en condición de usurpación, al eliminar de raíz el llamado GI, no queda claro qué órgano asume las competencias constitucionales del 233.
– Debe haber claridad meridiana no sólo de la nulidad del proceso del 20 de mayo de 2018, cosa que queda evidenciada en la propuesta, sino que debe dejarse claro también quién ejerce esas funciones del Ejecutivo que han sido usurpadas. No debe haber pues ningún vestigio de dudas sobre la condición de usurpación e ilegitimidad en la que persiste el régimen actual.
– Al eliminar todos los órganos del GI, se elimina también el Banco Central, no basta el señalamiento en el último artículo para reiterar su vigencia por un año más. Ello ratifica la imposibilidad de pretender una eliminación global del GI y sus órganos.
– Al eliminar la Contraloría, no queda claro quién ejerce la función de vigilancia de PDVSA y el resto de los órganos que quedan vigentes incluyendo a la propia AN. Esa función de controlaría no puede ejercerla el consejo de administración, el cual también debe ser controlado. Es de destacar que la Asamblea Nacional tiene funciones de control sobre el resto de los entes de la nación, pero NO tiene funciones de contraloría.
– Al eliminar la Procuraduría, queda comprometida la defensa y representación del Estado para los temas relativos a la defensa de los activos en el exterior.
Resaltaron que el Segundo proyecto solo se limita a renovar en los mismos términos en los que hoy se encuentra y que no ha ayudado a la resolución de la crisis que hoy arropa a Venezuela.
Por otra parte, dijeron que «es claro que no ha sido eficaz para lograr los objetivos y expectativas generadas en la población y ello debe conllevar a una necesaria reflexión y un claro proceso de revisión, para adecuar la actual Asamblea Nacional legítima y a los órganos que de ella derivan, a las verdaderas necesidades del país, comprendiendo el rol político que en la práctica ocupa. La Asamblea Nacional 2015 es el único ente legítimo que hay hoy en Venezuela y ello debe ser comprendido. A la Asamblea Nacional 2015 la que reconocen los países democráticos y es a ella a la que hay que proteger. Reiteramos, el ejercicio del artículo 233 constitucional, es una derivación del ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional. No puede tampoco arriesgarse la institucionalidad de la nación por atender intereses particulares de personas o sectores. No existe ningún interés por encima de los de Venezuela».
Para Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela, este no es un tema proteger a individuos o sus intereses, esto es, por el contrario, un asunto del país y de las oportunidades para alcanzar el cambio político que merece la nación y que lleve a alcanzar la democracia y la libertad tanto de la nación como de los prisioneros políticos.
«Es por ello que hoy, PROPONEMOS que se declare en SESIÓN PERMANENTE esta Asamblea Nacional, hasta que se produzca un acuerdo que lleve a la aprobación de una reforma del Estatuto de la Transición adecuada a las necesidades de nuestra Venezuela, el resguardo de sus activos y el establecimiento de una institucionalidad que verdaderamente refleje y se adecúe no solo al texto constitucional, sino a las necesidades de un país que hoy está urgido de un cambio político en UNIDAD. Seguimos defendiendo y protegiendo a nuestra Asamblea legítima, como instrumento de lucha para una nación que amerita libertad.»
NAM/
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