En un movimiento que redefine el tablero político y judicial de Brasil, el presidente del Congreso Nacional, senador Davi Alcolumbre, promulgó este viernes la ley que permite la reducción de penas para los condenados por los actos contra la democracia de 2023. La medida, que ha sido recibida como una victoria para la oposición, beneficia directamente al exmandatario Jair Bolsonaro.
La promulgación ocurre luego de que el Legislativo dejara sin efecto el veto impuesto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado mes de enero. Al abstenerse Lula de firmar la normativa tras el rechazo de su veto, la responsabilidad recayó constitucionalmente en Alcolumbre.
La «Ley de Dosimetría» y sus alcances
Conocida como la ‘Ley de la Dosimetría’, el texto permite que todos los sentenciados por los asaltos a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, así como quienes participaron en tramas para impedir la toma de posesión de Lula, soliciten ante la Justicia una revisión y reducción de sus condenas.
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El principal beneficiario: Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años y 3 meses en régimen de prisión domiciliaria, podrá ahora solicitar una disminución significativa de su sentencia.
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Votación contundente: El Congreso derribó el veto presidencial con una mayoría abrumadora: 318 votos a favor en la Cámara Baja y 49 en el Senado.
Clima electoral y tensión política
La entrada en vigor de esta ley se produce a solo cinco meses de las elecciones presidenciales, donde Lula buscará un cuarto mandato. El escenario es de máxima polarización, ya que su principal rival en las encuestas es el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente beneficiado por la ley.
Los últimos sondeos muestran un empate técnico en una eventual segunda vuelta entre Lula y el joven Bolsonaro, con una ligera ventaja para el candidato de la ultraderecha.
Con la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Unión, el orden jurídico nacional se ajusta en un momento de fragilidad para la base aliada del Gobierno, abriendo una puerta legal que podría cambiar el destino judicial de cientos de simpatizantes bolsonaristas y del propio exjefe de Estado.
NAM
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