La actual situación de la pandemia COVID-19 en el país, obliga a poner el acento también en las personas con alguna discapacidad, por ser un grupo social vulnerable que requiere de mayor atención y protección motivada a sus condiciones físicas, psicológicas y muchas veces socioeconómicas que pueden menoscabar sus derechos humanos.
El artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa que los Estados partes tomarán todas las medidas posibles para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en la respuesta nacional a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
Esto comprende medidas en todas las áreas de la vida de las personas con discapacidad, incluida el resguardo de su acceso al sistema de salud sin discriminación, bienestar general y prevención de enfermedades infecciosas, medidas para garantizar la protección contra actitudes negativas, aislamiento y estigmatización que pueden surgir en medio de la crisis que engloba esta pandemia mundial.
Ante esta compleja realidad relacionada con la pandemia de la COVID-19, la Defensoría del Pueblo, a través de su titular Alfredo Ruiz, para preservar la salud y la vida de las personas con alguna discapacidad hace del conocimiento público algunas recomendaciones a los fines de garantizar sus derechos humanos.
En particular, en los centros de salud, asegurar la realización de pruebas prioritarias a las personas con discapacidad que presenten síntomas. Garantizarles el tratamiento adecuado a su condición; incluso todos los recursos necesarios como los respiradores o el acceso a los cuidados intensivos de ser necesario.
Así como asegurar el suministro y el acceso continuos a medicamentos de las personas con discapacidad durante la pandemia. En particular a los pacientes con enfermedades preexistentes (como el cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, entre otras).
Igualmente, hacen un llamado a las instituciones donde algunas de estas personas residen (geriátricos, centros psiquiátricos, penitenciarios), entre otros a priorizar los análisis y promover medidas preventivas para reducir los riesgos de infección, abordando el hacinamiento, aplicando medidas de distanciamiento físico para los residentes, modificando las horas de visita, exigiendo el uso de equipo de protección y mejorando las condiciones de higiene con programas de desinfección permanentes.
Recordamos que el cuidado amoroso y preferente de las personas con discapacidad es también un deber de toda la familia. Todas las personas estamos obligadas solidariamente a evitar su discriminación.
También es importante que la sociedad a través de los Consejos Comunales, Comunas, Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y Condominios se sensibilicen sobre los derechos y prioridades que tienen las personas con discapacidad y puedan brindarles el apoyo necesario para la garantía de sus derechos humanos.
En los comercios, abastos, mercados populares y farmacias brindarles atención especial y prioritaria a las personas con discapacidad y a sus asistentes personales. Igualmente, dentro del hogar asegurarles todo el apoyo y la asistencia necesaria, sin restricciones, durante las medidas de permanencia por confinamiento obligatorio.
Por último, el llamamiento de la Defensoría del Pueblo es que todas aquellas instituciones del Estado garantes de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad permitan todos los servicios relacionados con la pandemia de la COVID-19, incluido la información pública, sobre suministros y servicios esenciales, en igualdad de condiciones con las demás personas, proporcionarles las plataformas accesibles en formatos, modos y métodos alternativos de comunicación.
Si bien la pandemia de COVID-19 amenaza a todos y todas por igual, las personas con discapacidad se ven impactadas de manera desproporcionada debido a las barreras del entorno, físico, actitudinales, culturales e institucionales que se reproducen en la respuesta frente al virus.
NAM/VTV
