La ola de violencia que se desató el 9 de enero en Ecuador causó temor en Perú y llevó al gobierno a declarar estado de emergencia y ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas para fortalecer las tareas de vigilancia de la Policía Nacional (PNP) en toda la frontera norte del país.
El anuncio fue hecho por el primer ministro peruano, Alberto Otárola, luego de una reunión que sostuvo el 9 de enero con varios miembros del gabinete, entre ellos los ministros del Interior y de Defensa, para analizar la situación que afronta el país vecino, con el que comparte más de 1.500 kilómetros de frontera.
Otárola señaló que “el primer mensaje” que envía el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es “un llamado a la calma y tranquilidad” a los ciudadanos de las zonas de Piura y Tumbes, regiones fronterizas con Ecuador.
Añadió que en la reunión de ministros se decidió el “viaje inmediato” de los ministros de Defensa (Jorge Chávez) e Interior (Víctor Torres) a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo.
“Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, en noviembre se declaró una (emergencia) que cubre tanto Tumbes como Piura, pero ahora se va a comprender también a (las regiones de) Amazonas, Cajamarca y Loreto”, detalló.
Qué implica el estado de emergencia
El primer ministro confirmó que cuando se declara el estado de emergencia, se dispone que las Fuerzas Armadas acudan en apoyo de la Policía Nacional. Reiteró que esta decisión busca “darle la calma y tranquilidad” a la población de Piura y Tumbes,
“Lo que nos corresponde es velar por los intereses y la seguridad de nuestro país”, enfatizó.
La situación en Ecuador también llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a emitir un comunicado en el que señaló que el gobierno de Perú “condena enérgicamente” los actos de violencia ocurridos en el vecino país y expresó su respaldo al gobierno del presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en Ecuador.
Ola de violencia en Ecuador
El presidente ecuatoriano decretó el 8 de enero un estado de excepción en todo el país por 60 días, lo que incluye un toque de queda nocturno, mientras que el 9 de enero declaró un “conflicto armado interno” por los ataques de grupos criminales, a los que identificó como “terroristas”.
Noboa firmó el decreto en momentos de gran tensión en Ecuador por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes penitenciarios en las propias cárceles.
En la televisión se observó en directo cuando un grupo de encapuchados sometieron al personal del canal en plena emisión en vivo y luego se escucharon disparos y gritos, hasta que llegó la Policía, mientras que instituciones como la Universidad de Guayaquil y locales comerciales en Quito cerraron sus puertas ante el temor por la violencia.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, informó luego que al menos ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas en varios ataques armados registrados en diversos puntos de esa ciudad costera, poco después de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión y tomara como rehenes a los empleados.
NAM/El Diario
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