Diecinueve civiles fueron enviados a prisión este sábado por orden de un tribunal militar venezolano, según denunció una ONG, donde los acusaban de delitos cometidos en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
Luis Betancourt, abogado de la organización de derechos humanos Foro Penal, declaró ante la prensa que la medida es ilegal, pues ningún civil puede ser juzgado por cortes militares.
«Quedaron privadas de libertad por instigación a la rebelión y vilipendio», dijo Betancourt.
El abogado reveló que la audiencia se desarrolló en un destacamento de la Guardia Nacional en el estado Carabobo, Valencia, donde tuvieron lugar entre el martes y el jueves pasados, protestas contra Maduro; además de saqueos que dejaron al menos un muerto, varios heridos, detenidos y decenas de comercios arrasados.
Diputados opositores que acompañaron a familiares de los acusados aseguraron que más de 200 personas están siendo juzgadas por el tribunal castrense, aunque versiones de prensa indican que son 150.
«Se están violando garantías constitucionales», denunció el parlamentario Juan Miguel Matheus.
Según la oposición, la Fiscalía se niega a imputar a esas personas, por lo que el gobierno estaría recurriendo a cortes marciales.
NV1/AFP
