El fondo Tenor Capital Management, ente controlador de la minera canadiense en bancarrota Crystallex, accionó ante la Corte del Distrito de Delaware para impedir que la administración de Juan Guaidó demore excesivamente el pago de la deuda de 1.200 millones de dólares, por la expropiación de los activos de la compañía, con procedimientos ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Una nota de la agencia especializada Argus Media señala que la empresa intenta que la administración venezolana reconocida como legítima por el gobierno estadounidense intente procesos dilatorios que podrían tardar años, con la intención de no cumplir compromisos adquiridos legalmente.
Al mismo tiempo, otros acreedores también han solicitado que los tribunales estadounidenses aceleren los procedimientos contra Venezuela. MUFG Union Bank y Glas Americas emitieron la semana pasada un aviso exigiendo el pago inmediato de pagarés e intereses asociados por 1.700 millones en bonos que vencen el próximo año.
El equipo de Juan Guaido demandó a principios de este año para anular esos bonos, argumentando que el gobierno del presidente Nicolás Maduro carecía de la autoridad para emitirlos. Pero los prestamistas no dijeron nada en el precedente o el lenguaje del contrato apoyaba esos argumentos, y que los acuerdos se regían por la ley de Nueva York, no por la venezolana.
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