La Asamblea Nacional se posiciona cada vez más como un elemento de poder clave en el intrincado conflicto político venezolano, puesto que la oposición busca emplearla como un mecanismo de desbloqueo de la crisis mediante fórmulas políticas, democráticas y civiles, pero siempre con la estrategia de la presión diplomática y financiera-internacional para hacer que el gobierno de Nicolás Maduro se repliegue en el complejo tablero de ajedrez que es hoy Venezuela.
Es por ello que el Parlamento tomó otra decisión que podría ser trascendental en la lucha que ambos polos de poder (el gobierno de Maduro y el llamado gobierno interino de Guaidó) mantienen para hacerse con el mayor control financiero posible del Estado venezolano en medio del actual contexto de deterioro nacional. Este martes, la AN aprobó en sesión ordinaria de la AN el uso de una partida de 20 millones dólares depositados en los EEUU orientado a «defender las necesidades más urgentes y prioritarias para asegurar la defensa de los activos del país».
El Parlamento asegura que esos fondos fueron depositados en Estados Unidos. Sin embargo, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), le ha entregado más de 650 millones de dólares en financiamiento directo no crediticio al equipo político de Juan Guaidó, que Washington reconoce como gobierno encargado de Venezuela.
El suministro de recursos más reciente lo ejecutó la USAID el 23 de septiembre de 2019, cuando les entregó a los representantes de Guaidó en Washington, Julio Borges (comisionado de Relaciones Exteriores) y Carlos Vecchio (embajador designado), un total de 52 millones de dólares por concepto de «programas que apoyan a la Asamblea Nacional de Venezuela, los medios independientes, la sociedad civil y la restauración del sector de la salud», según información oficial del organismo en su sitio web.
Esos $20 millones que EEUU le otorgó al Parlamento venezolano y al gobierno interino de Guaidó hoy supone un fondo especial con el cual serán contratados los servicios de un equipo jurídico que se encargará de la protección legal de los activos del Estado venezolano en EEUU y en otros países, esto para evitar que los litigios favorezcan al gobierno de Maduro y este logre conservar el dominio de esos bienes públicos de la nación.
«Se autoriza el uso de recursos supervisado por la comisión, por la cantidad de 20 millones de dólares para gastos legales asociados a protección de activos en el extranjero», anunció hoy la AN como moción de aprobación de ese financiamiento en la sesión ordinaria de este martes.
De esta forma, el gobierno interino de Guaidó podría hacerse con una plataforma financiera mucho más sólida para debilitar la del gobierno de Maduro y así cortar sus fuentes de ingresos a su estructura de poder, tomando en cuenta que los activos del Estado controlados por Maduro fueron congelados por EEUU tras la imposición de esa medida por el presidente Donald Trump como la sanción más fuerte que Washington ha aplicado hasta ahora sobre Caracas.
«Nosotros estamos de acuerdo en que se disponga de recursos para defender activos amenazados por acreedores que lamentablemente para la República tienen papeles que comprometen su propiedad», dijo en la sesión el diputado Alfonso Maquina, integrante de la comisión especial para la protección de activos del Estado.
Ricardo Serrano
