Una concentración que fue convocada en el Centro Comercial Olímpico, en la avenida 5 de Julio, en Maracaibo, para una histórica caminata de protesta protagonizada por pensionados, jubilados e incapacitados adscritos al Ministerio Público (MP) Zulia, quienes al final de la misma, hicieron entrega de un documento al Fiscal Superior del estado Zulia con un conjunto de exigencias en relación con el menoscabo a los beneficios de Ley del cual gozan y que, de acuerdo con los manifestantes, han sido trastocados en detrimento de sus condiciones socioeconómicas.
En representación del conglomerado, la fiscal jubilada, Dra. Josefa Camargo, explicó que la concentración y caminata pretende “solicitar al ciudadano Fiscal General desaplique un instrumento de rango sublegal emanado de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) del Ministerio de Finanzas que se nos está aplicando, donde aplana y elimina beneficios como nuestra pensión, haciendo que la misma comporte una merma o disminución en más del 38% aproximadamente, merma que hemos visto reflejada en las últimas tres quincenas de salario, es decir, desde el 16 de mayo del año corriente”.
Camargo agregó que “esa merma reflejada en las últimas tres quincenas corresponde a un rubro que se llama ‘Complemento Especial de Protección Económica’ el cual se nos eliminó, se nos suprimió totalmente y eso abarca más del 38% de lo que percibíamos como pensión”.
¿Para todo el mundo?
La jurista indicó que de acuerdo con la información que les bajaron, “la Fiscalía está aplicando este instructivo (ONAPRE) de fecha 22 de marzo de 2022 que ellos han llamado ‘Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresa Estratégicas’ instrumento que vienen aplicando posterior al incremento salarial decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, irrespetando, desde luego, ese aumento rebajándonos el sueldo en alrededor de un 38%”.
“No es aplicable”
La doctora explicó que, tras haber realizado las investigaciones legales pertinentes, “el instrumento no es aplicable al personal activo y jubilado que pertenece al MP –porque a los activos también se lo están aplicando- y no aplica por su carácter ilegal, inconstitucional, viola el principio del salario justo, viola el principio de la pensión justa; Ahí se desconocen todos los conceptos de bonos, contratos colectivos, conceptos que teníamos más de diez años percibiéndolos y que ahora de un solo plumazo nos lo han eliminado a los jubilados en violación flagrante a los artículos 21,25,26, 27, 87 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vulnerando el principio de igualdad, de tutela jurídica efectiva, el derecho a recibir una remuneración y pensión digna y suficiente; vulneraron en el caso nuestro de la Fiscalía la autonomía administrativa presupuestaria funcional, organizativa y financiera del MP”.
Añade Camargo que la misma autonomía, consagrada en la Constitución, también está establecida en la Ley Orgánica del MP, en su artículo 25, numeral 11 que le otorga como deberes al Fiscal General elaborar el presupuesto de los gastos del MP y éste ser enviado al Ministerio de Finanzas para ser incorporado al presupuesto general del Estado.
“De tal manera que –señala Camargo- se saltaron todos estos procesos e hicieron el reajuste a través de un instructivo ilegal para disminuirnos en más del 38%, nuestro sueldo y en consecuencia acudimos en protesta al MP y desde allí solicitamos el apoyo del Fiscal General como máximo garante del cumplimento de la Constitución y la Ley tiene la facultad para fijar los emolumentos de todos los funcionarios activos y jubilados del MP, porque repito, a los activos les hicieron exactamente lo mismo y eso va a incidir en las primas profesionales, en las primas de evaluación de desempeño, en los bonos vacacionales, en las utilidades, en fin”
“Sientan un precedente –alertó- de violación gravísima a los derechos humanos de los trabajadores activos y jubilados del MP en Venezuela. Ese instructivo no es aplicable”.
Tres solicitudes al Fiscal General
- Suspensión o interrupción, dentro del MP la aplicación de este instructivo
- Interponga sus buenos oficios y gire instrucciones a la Dirección de Administración de la Fiscalía para que se nos reintegre el débito ilegal del cual fuimos objeto correspondiente a nuestra pensión
- Introduzca, por ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo de nulidad por inconstitucionalidad de ese instructivo ONAPRE.
Camargo informó que además de estas tres solicitudes, los trabajadores piden al Fiscal “que solicite, como medida cautelar al TSJ de los efectos administrativos del mencionado instrumento aplicado al personal jubilado del MP hasta que se produzca un fallo definitivo por parte de la máxima instancia de Justicia en relación con el amparo y el recurso de nulidad que estamos solicitando”.
“Exigimos –reitera- que se nos dé respuesta con celeridad a estas solicitudes e informamos que estamos en pie de lucha y que esta es la primera acción que estamos ejerciendo de un conjunto de acciones que vamos a seguir realizando dependiendo de los resultados que obtengamos hasta tanto logremos que se nos reconozca nuestros derechos humanos a una pensión digna y justa a quienes dimos la vida en la institución, muchos con más de 30 años de servicio”.
NAM/Redacción
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