La Fiscalía de Colombia fue condenada a pagar más de 520 millones de pesos colombianos (equivalentes a 110 000 dólares) y a pedir una disculpa pública a la actriz colombiana Carolina Sabino por un error judicial de la entidad en el año 2015, cuando filtró información confidencial de su aborto por el que pretendía imputarla.
Además, la institución tendrá que capacitar a sus funcionarios en materia de derechos sexuales y reproductivos para las investigaciones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo, según el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El caso sucedió en 2015 cuando las autoridades colombianas escuchaban las conversaciones telefónicas del entorno del informático Andrés Fernando Sepúlveda, alias ‘El Hacker’, presuntamente implicado en escuchas ilegales en el marco del proceso de paz del Gobierno con las FARC.
En esta labor, la Fiscalía tuvo acceso a una charla privada de la pareja de Sepúlveda, que era la hermana de Sabino, en la que se hablaba de que la artista había abortado.
«Tiempo después de conocerse esta información, algunos funcionarios dentro de la Fiscalía iniciaron una investigación penal contra ella», explicó a EFE la portavoz del Centro de Derechos Reproductivos en Colombia e integrante del Movimiento Causa Justa, Cristina Rosero.
Afirman que la investigación carecía de fundamentos
Según Rosero, dicha investigación «no tenía fundamento» en la medida en que la artista accedió al aborto amparada por una de las tres causales contempladas en la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional: violación o incesto, riesgo para la salud integral de la madre o malformación del feto.
En este caso, Sabino contaba con un certificado en el que se probaba que la gestación suponía un riesgo para su salud mental.
«Lo que es más grave es que esa información se filtró a los medios haciendo que se empezase a hablar públicamente de algo que, por supuesto, se trataba de información confidencial protegida por la historia clínica», agregó Rosero.En consecuencia, Sabino acudió a la Justicia para exigir una reparación por la actuación de la Fiscalía.
Por tanto, para Rosero la sentencia que condena a la Fiscalía colombiana es «un paso adelante porque creemos que es vital que se empiecen a superar estos imaginarios en los cuales debe haber culpabilidad o persecución contra las mujeres que abortan».
«Se trata de un derecho protegido por la ley. Las entidades no están para perseguir a las mujeres que están en su derecho de interrumpir su embarazo», insistió la abogada.
NAM/Rpp
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