Definitivamente Donald Trump ya está inscrito notablemente en los libros de la historia de la humanidad y podiera incluso dividirse la historia contemporánea en antes de Trump y después de éste. Ahora, el presidente de EE.UU. se ha convertido este miércoles en el primer presidente activo de ese país en acudir a una audiecnia oral en el Tribunal Supremo.
Durante una hora y media, el inquilino de la Casa Blanca ha asistido a las deliberaciones sobre la legalidad o no de su medida acerca de limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Esta orden ejecutiva, que Trump firmó en su primer día de vuelta en el cargo en enero de 2025, pretendía continuar con una de las líneas de actuación clave en su mandato: la mano dura hacia la inmigración.
Con ella, el mandatario ordenaba a las agencias estadounidenses a no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de los padres es ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Distintos tribunales federales bloquearon una orden que este miércoles se ha sometido a una primera audiencia en el Tribunal Supremo.
El presidente republicano, acompañado por el personal del Servicio Secreto, se ha marchado de la sala poco después de que el abogado que defiende a su Administración concluyese su intervención. Esta visita por parte de Trump ha supuesto un acontecimiento nunca visto en la historia de los Estados Unidos.
Según Clare Cushman, historiadora residente de la Sociedad Histórica del Tribunal Supremo, existen casos de presidentes del siglo XIX que defendieron casos ante el tribunal. No obstante, ninguno de ellos ocupaba el cargo en el momento de la vista. Este fue el caso de mandatarios como John Quincy Adams, Grover Cleveland y Benjamin Harrison.
Los jueces, incisivos con el Gobierno
Durante la vista, los magistrados de la Corte se han mostrado escépticos ante los argumentos de la Administración del presidente. El procurador general, John Sauer, ha defendido la postura del Gobierno, y ha alegado que el derecho a la ciudadanía por nacimiento se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los «hijos de los esclavos» y no para «quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía» estadounidense, tal y como ocurre, dicen, en la actualidad. Esta argumentación ha sido duramente replicada por el presidente del Supremo, el conservador centrista John Roberts, que le ha dicho a Sauer que «es un nuevo mundo, pero la Constitución sigue siendo la misma».
La abogada de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), organización que respalda la demanda por considerarla anticonstitucional, también ha sido cuestionada de forma insistente, si bien las preguntas de los magistrados han ido orientadas a esclarecer cuestiones legales.
En la sala también han estado presentes la fiscal general, Pam Bondi; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el actor Robert de Niro, que siempre se ha mostrado crítico con las políticas de Trump. Fuera de la Corte Suprema, decenas de manifestantes protestaron contra el presidente y en defensa del derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Tensión entre los jueces del Supremo y Trump
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por nueve magistrados (un juez presidente y ocho asociados). Actualmente, seis de ellos mantienen una línea conservadora, lo que implica una dominancia considerable respecto a los otros tres miembros más liberales. Esta mayoría conservadora incluye a tres magistrados nombrados por Trump durante su primer mandato: Neil Gorsuch en 2017, Brett Kavanaugh. un año después, y Amy Coney Barrett en 2020.
Desde que estos nombramientos se llevaron a cabo, las sentencias del tribunal han provocado un viraje conservador de la legislación estadounidense, con medidas como la limitación del derecho al aborto o la eliminación de políticas raciales de admisión universitaria entre otras.
Sin embargo, el pasado mes de febrero, tres de los seis jueves conservadores —el presidente John Roberts, así como los mencionados Gorsuch y Barrett— se unieron a los tres magistrados liberales para tumbar parte de los aranceles globales de Trump.
Desde entonces, el presidente ha cargado duramente contra estos jueces, dando paso un período de tensiones entre el Tribunal Supremo y el presidente que se ha mantenido vigente hasta la audiencia de este miércoles.
La ciudadanía por nacimiento, protegida por la 14ª Enmienda
Esta ha sido la primera vista que ha convocado el Tribunal Supremo sobre esta causa, que decidirá si es legal o no una orden ejecutiva que eliminaría el derecho a la ciudadanía estadounidense a los menores que, a pesar de haber nacido en el país, sean hijos de ciudadanos extranjeros. La Administración de Trump defiende esta medida porque considera que conceder la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en territorio estadounidense ha creado incentivos para la inmigración ilegal y ha dado lugar al llamado «turismo de maternidad».
Esta directiva choca visiblemente con 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que, con algunas excepciones por separado, «las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanas del país, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen nacional de los padres». En Europa, este derecho suele estar condicionado a ciertos requisitos, como la ciudanía o la residencia legal de al menos uno de los progenitores.
En el caso de España, solo se reconoce el derecho a la ciudadanía si al menos uno de los progenitores ha nacido en el país o en el caso de que los progenitores no puedan transmitir su nacionalidad al hijo.
NAM/RTVE
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