El futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, del que ya se ha completado un 30%, se decidirá en una consulta popular esta semana, un acto de equilibrismo político por parte del presidente electo que podría frenar el mayor proyecto de infraestructura en la historia reciente del país.
Andrés Manuel López Obrador prometió que permitiría que el pueblo decidiera sobre el proyecto de 13.000 millones de dólares diseñado en colaboración con el reconocido arquitecto Norman Foster. El dirigente dijo anteriormente que, sí salía elegido, lo cancelaría, equiparando su victoria en las urnas a un referéndum.
Durante cuatro días a partir del jueves, la ciudadanía votará a la pregunta de si continúa con la construcción del nuevo aeropuerto o si se modernizan el actual y el de la ciudad de Toluca _ a dos horas de distancia _ mientras se construyen dos nuevas pistas en una base militar que quedaría para uso comercial.
Los partidarios del nuevo aeropuerto afirman que es necesario porque el Aeropuerto Internacional Benito Juárez maneja un tráfico superior a su capacidad original y se necesita una solución urgente que satisfaga la creciente demanda.
Rodeado de vecindarios residenciales densamente poblados, el aeropuerto actual no tiene espacio para nuevas pistas. Los partidarios señalan un estudio realizado por la corporación estadounidense Mitre que demuestra que aunque el plan alternativo es técnicamente factible, presenta importantes problemas logísticos y, en términos generales, es inviable.
Los detractores del proyecto arguyen que el nuevo aeródromo no solo es un potencial foco de corrupción, sino que representaría un desastre ambiental que pone en riesgo un esfuerzo de varias décadas por restaurar los lagos que cubrían originalmente el valle en el que se ubica la capital del país. Los residentes afirman que no fueron consultados sobre la realización del proyecto.
López Obrador dijo que quiere ser imparcial, pero él y los elegidos para su gobierno suelen presentar argumentos en contra del proyecto, describiéndolo como una fuente de riqueza para intereses corruptos.
La semana pasada apuntó que una segunda opción podría resultar en un ahorro de 5.000 millones de dólares. Lo que no dijo, sin embargo, es qué sucedería con los restos de la construcción del nuevo aeropuerto en caso de que pierda. Por el momento se invirtieron alrededor de 6.000 millones de dólares en el proyecto ubicado en el noreste de la Ciudad de México.
“No dominan intereses personales, intereses de grupo, por poderosos que sean”, dijo López Obrador en un mensaje grabado este mes. “Domina el interés general, el interés de todos los mexicanos. Se acaba la corrupción, se acaba el influyentismo, se acaba la impunidad, vamos a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a México, al interés nacional y de acuerdo a lo que decida la gente.”
Ivonne Acuña Murillo, profesora del departamento de ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, dijo que el presidente electo señaló en reiteradas ocasiones que quiere gobernar por y para el pueblo. El candidato izquierdista obtuvo el 53% de los votos en los comicios de julio y asumirá su cargo el 1 de diciembre.
“Comprendió muy bien donde está su punto fuerte”, comentó.
De cualquier forma, Acuña cree que López Obrador “está jugando al gato y al ratón” en su intento por presionar a la élite empresarial mexicana para que corra con los gastos del nuevo aeropuerto.
Y su plan podría estar funcionando. El martes, el actual secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo en un programa de radio que el nuevo aeropuerto es tan buen negocio que podría pagarse sin fondos públicos.
Hace pocos días, el secretario de Comunicaciones y Transportes designado por López Obrador, visitó una mina a cielo abierto en donde los camiones tiraban tierra fangosa procedente de la obra, a unos 16 kilómetros (10 millas) de distancia.
Con un sombrero vaquero color crema y rodeado de habitantes de las comunidades cercanas al nuevo aeropuerto, Javier Jiménez Espriú dijo que recababa información y ayudaba a informar a los ciudadanos sobre el proyecto y su impacto.
El funcionario fue interrumpido por Felipe Álvarez Hernández, miembro de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un grupo que ha luchado en contra de la propuesta de construir aeropuertos en la zona durante casi dos décadas.
“Si la consulta va a decir que sí sigue entonces, allí con esa consulta, están violando nuestros derechos”, dijo Álvarez mientras sostenía su machete en todo lo alto. Jiménez preguntó a la multitud qué quería.
“Que se cancele nada más”, señaló Álvarez.
Un intento anterior de construir un aeropuerto para sustituir al existente en la capital mexicana en San Salvador Atenco en 2002 fue cancelado por la oposición local.
En San Nicolás Tlaminca, donde hablaba Álvarez, los residentes temen que el barro que se deposita sea tóxico y contamine sus acuíferos subterráneos. Los contrarios presentan la consulta como una decisión entre agua o aeropuerto. Residentes de pueblos cercanos dicen que el aeropuerto necesita tanto basalto y otra piedra volcánica rojiza que las minas están alterando su paisaje.
Álvarez y los demás han dejado claro que serán una espina, aunque pequeña, para López Obrador si el proyecto sigue adelante.
En el lugar del nuevo aeropuerto, los trabajos continúan a toda marcha. Se prevé que las obras terminen hacia finales de 2021.
Las obras eran un hervidero de actividad en una mañana reciente. Quince de los 21 enormes “embudos” que soportarán la terminal se estaban construyendo bajo más de una docena de grúas. Un ejército de herreros colocó barras de refuerzo para el centro de transporte terrestre cerca de la terminal.
Dos pisos de la torre de control se levantan en el centro de un terreno de más de 4.856 hectáreas (12.000 acres), más de seis veces más grande que el aeródromo actual.
Como gran parte de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto se está construyendo sobre el lecho de un antiguo lago. Esta zona en concreto no tiene agua desde hace décadas, pero el terreno está blando y húmedo. Se necesitaron amplios preparativos para compactar la tierra _ aproximadamente dos metros (seis pies) _ y sacar el agua como de una esponja. Las bombas llevan el agua a una reserva al otro lado de la carretera 24 horas al día.
“El riesgo de la consulta se viene de que el resultado esperado no sea aquel que valore primero el grado de decisión técnica que amerita el proyecto”, apuntó Salvador Mora Velázquez, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
López Obrador ha sido calificado tanto de populista de izquierdas como de autoritario. Dejar que la población decida el destino del aeródromo parece inclinarlo hacia el populismo, pero Mora considera que hay algo más detrás.
“Las decisiones políticas tomadas vía consulta popular o la opinión de la población tienen un sentido de legitimar una decisión previa ya establecida”, agregó señalando que la forma de plantear las preguntas puede guiar el resultado.
Una encuesta publicada esta semana por el diario El Financiero parecía reflejar esta opinión. Empleando de la boleta oficial, la mayoría de los consultados dijeron que el nuevo aeropuerto debería ser cancelado, mientras que formulando la pregunta de otra forma, la mayoría votó a favor de que continúen las obras.
Carlos Slim, una de las personas más ricas del mundo, está a favor del nuevo aeródromo. Su constructora forma parte del consorcio que construye la terminal y cree que tendrá un amplio impacto en el desarrollo económico.
Según López Obrador, Slim habría indicado que él y otros implicados en el proyecto podrían ayudar a reducir costos y posiblemente financiar la obra sin dinero público.
Los detalles de esta propuesta no se hicieron públicos, pero podría ser una vía para que el proyecto siga adelante incluso aunque la consulta arroje un resultado negativo.
“Queremos entender la gran presión que tiene. Lo queremos entender pero no aceptamos que ese proyecto se concluya”, dijo Ignacio del Valle, un veterano opositor a los aeropuertos propuestos en el lado oriental de la ciudad, sobre López Obrador.
NAM/AP
