A través de un comunicado de la Cámara de Comercio de Maracaibo fijó posición ante la nueva Ley de Pensiones, instrumento legal que está entre la Protección y la Presión Fiscal .
CCM afirmó que la aprobación de la “Ley de protección de pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista”, tendrá un impacto importante en las finanzas de las empresas” y en la economía venezolana.
El Gobierno Nacional acaba de proponer de manera sorpresiva la “Ley de Protección de Las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista”, la cual fue apresuradamente aprobada por la Asamblea Nacional sin tomar en cuenta las observaciones hechas por los gremios empresariales, refrendada por el Presidente de la República y publicada en Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.806, el pasado 8 de mayo del corriente. El reglamento que la regula fue también publicado Gaceta Oficial N°42.880, el pasado jueves 16 de mayo.
La institución aseguró que “esta contribución constituye una nueva carga que se suma a la larga lista de tributos y aportes que pagan las empresas formales”, y manifiestan su preocupación debido a que se “incrementa la presión fiscal y se amplía la brecha competitiva entre las empresas formales y los actores informales”.
Actualmente, el sistema de pensiones es gestionado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), fundado en 1944, y que al presente se rige por la Ley del Seguro Social promulgada el 31 de julio de 2008. Allí se establece que el sistema de pensiones venezolano se alimenta de contribuciones tanto de la empresa como del trabajador, y mientras dure la relación laboral. Esto debería garantizar al trabajador una pensión vitalicia una vez llegue a la edad de jubilación, y luego de haber cumplido ciertosrequisitos.
Sin embargo, varios hechos acabaron con el beneficio del pago de pensiones en el país:La hiperinflación desmedida a lo largo de los últimos años destruyó el poder de compra de la moneda nacional, y con ello, las pensiones.
La voracidad fiscal llevada a cabo por los gobiernos locales y nacional, desincentiva la formalización de las empresas, y con ello, los aportes al IVSS.
La firma PwC Venezuela estima la carga tributaria sobre una empresa en cerca del sesenta y ocho por ciento (68%) de sus ingresos netos, mientras que la firma Ecoanalítica, estima un promedio de cerca del cincuenta por ciento (50%) sobre las ganancias netas de las empresas.
Ante la incapacidad del Gobierno Nacional de aumentar tanto el salario base para la cotización como la cantidad de empresas que cotizan, se ha optado por la creación de un nuevo tributo, el cual va a tener un impacto importante en las finanzas de las empresas. Entre las características principales que podemos destacar, están las siguientes:
Contribución del nueve por ciento (9%) de los gastos de nómina de las empresas, por lo que, para su cálculo, se toma en cuenta el salario básico más todos los bonos y aportes que reciba el trabajador, aun cuando estos no tengan incidencia salarial. El piso para su cálculo será el ingreso mínimo integral indexado, el cual es definido por
el Ejecutivo Nacional y a la fecha de hoy, está fijado en ciento treinta dólares ($130).
Agrega el comunicado de la CCM que “Este impuesto o contribución, establece un nuevo gasto que forma parte de la estructura de costos de las empresas, por lo que pudiese resultar inflacionario, especialmente en empresas con grandes nóminas, tales como compañías de vigilancia, supermercados, restaurantes, colegios, entre otros”.
En tal sentido , estiman que las consecuencias podrían ser devastadoras. “Va a ocasionar el cierre de más empresas formales y aumentar el desempleo. El único beneficiado va a ser el sector informal de la economía, el cual no paga impuestos ni contribuye con la seguridad social”, reza el escrito.
“Estamos conscientes de la necesidad urgente de mejorar el sistema de pensiones en el país (…) Sin embargo, mientras no se consolide la economía, no será posible apuntalar la seguridad social de manera sustentable”, dice el comunicado.
Por último También exhortan a “establecer incentivos para ampliar la base de empresas formales que coticen en el sistema de pensiones” y fijar “una Comisión Ad Hoc (por parte del Ejecutivo Nacional) conformada por representantes de los sectores público y privado, para que aborde de inmediato el problema de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores venezolanos, y presente soluciones definitivas”.
NAM/Nota de Prensa
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