Shakira tendrá que acudir esta semana de nuevo al juzgado para declarar. El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante la ha citado como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública. Tal y como han informado fuentes jurídicas, el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ha adelantado al jueves 6 de junio la fecha de la declaración de la intérprete, inicialmente prevista para el día 12 del mismo mes.
La Fiscalía de Barcelona acusa a la cantante colombiana y a su asesor fiscal en Estados Unidos de haber defraudado 14,5 millones de euros, al simular que no residía en España y ocultar la renta de la artista mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014. Fuentes próximas a la cantante aseguraron a EFE que esta ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que ya pagó los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria, por lo que, a su juicio, ya no está en deuda con el Estado.
El Ministerio Público dirige su acusación contra Shakira y contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías propiedad de la artista. De acuerdo con la querella, Shakira urdió un “plan” para no pagar ni IRPF ni el impuesto sobre patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales, que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía. Añade que la cantante utilizó ese entramado «con el deseo de no tributar», a sabiendas de que «vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio».
La Fiscalía sostiene así que Shakira «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional» -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense The Voice o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. No obstante, la querella apunta que, por el momento, «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.
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