En medio de un proceso de creciente tensión política, situado en una especie de pirámide que transmite en efecto cascada todas las consecuencias del ejercicio desviado del poder hacia la base de la estructura del país, que es la población venezolana, la oposición y el chavismo se encuentran en la cúspide de un largo ciclo de confrontación que inició en 2014 y que, con sus vaivenes y dinámicas electorales, partidistas y estratégicas del gobierno de Maduro para neutralizar todos los intentos de su adversario por ganar espacios políticos que debiliten su poder (a excepción de la mayoría absoluta que ganó la oposición en la Asamblea Nacional en 2015), colocan a Venezuela a las puertas de un desenlace político que terminará de definir el estatus quo de la crisis nacional: su profundización o su desbloqueo rumbo a una salida.
Y es que 2020 inició con un contexto signado por un sistema político interno que ahora está más abierto que nunca a escenarios que, a lo largo de los 11 meses que le restan a este año, determinarán como se cerrará un ciclo lucha por el poder entre dos fuerzas políticas, pero con una sociedad que exige un cambio total en el sistema, el Gobierno, el Estado y la economía.
La gira internacional que emprendió Juan Guaidó la semana pasada configura un ajedrez político clave para la respuesta que tendrá el gobierno de Maduro mediante su control político y territorial interno, pese a que la oposición basa su estrategia en la alineación de factores de presión externa con la expectativa de generar condiciones para una transición en el país.
No obstante, la gestión de ese proceso se ha visto obstaculizada por el surgimiento de estructuras de corrupción a lo interno de la cúpula de poder que Guaidó ha creado desde que se autoproclamó como «presidente encargado» de Venezuela el 23 de enero de 2019 bajo el fuero de la presidencia del Parlamento.
Entonces, con la plataforma internacional que ha configurado en cuando a apoyos diplomáticos y financieros, ¿cómo se ha sostenido la estructura política con la que Guaidó les promete a los venezolanos un cambio de poder y de país este año?
Al estar Venezuela en la mira de la política exterior de Estados Unidos como un elemento estratégico para su sistema geopolítico, diplomático, financiero y militar, el gobierno de Donald Trump alineó a Guaidó y a su sector de la oposición venezolana como agentes de la táctica internacional de Washington en América Latina, donde Venezuela juega un papel clave como nación estratégica en la geopolítica de este continente y de la visión expansionista norteamericana.
El mecanismo creado por Estados Unidos para darle forma, dinámica y sostenibilidad a la estructura de poder Guaidó se basa en el grueso financiamiento que la administración Trump le ha concedido al líder opositor en ese acelerado flujo de capitales en moneda estadounidense que circula en toda América Latina, así como en todo el planeta.
A través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la Casa Blanca ha garantizado la vigencia del llamado «gobierno interino» de Guaidó con esta composición de lo que se aparenta ser una clara inversión política de EEUU en Venezuela a corto y largo plazo:
-467 millones de dólares en asistencia humanitaria.
-184 millones de dólares entregados en febrero de 2019 para el ingreso de la ayuda humanitaria (posteriormente fallido).
-52 millones de dólares entregados el 17 de enero de 2020 a los representantes de Guaidó en EEUU, Julio Borges y Carlos Vecchio (canciller y embajador designados de forma interina).
-$71 millones en fondos (octubre 2019) para pagar deuda en intereses acumulados del bono PDVSA 2020 con Citgo como garantía de la deuda-
-Fondos para gastos operativos y de funcionamiento de la Asamblea Nacional (reconocidos por Eliott Abrams, agente especial del Departamento de Estado de EEUU para Venezuela).
En total, sumando los gastos en viajes, compensaciones y viáticos a asesores del Parlamento y funcionarios del gobierno de Guaidó, la USAID le ha otorgado al líder opositor un financiamiento que se aproxima a los 654 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de «ayuda humanitaria», según reconoce el organismo en su sitio web oficial.
Tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para «ayudar» a Guaidó y la Asamblea Nacional «a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia».
En el documento, publicado en diciembre de 2019, la agencia norteamericana reconoció también haber asignado fondos para «compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia».
El informe, titulado «USAID en Venezuela», aclara que el organismo «no transfiere fondos« directamente a la «administración de Guaidó«, sino que «se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación». No obstante, no se detalla cuál fue el destino de los recursos.
Adicionalmente, la Unión Europea ha recaudado un total de 150 millones de dólares destinados a la gestión de la crisis migratoria venezolana como soporte financiero y presupuestario a los gobiernos de países sudamericanos receptores de inmigrantes venezolanos.
De esta forma se confirma que la estructura financiera que controla la administración de Guaidó, aunado a los dividendos que su equipo también controla en las juntas directivas ad hoc designadas en Citgo (bajo control de EEUU) y la empresa Monómeros de Venezuela SA (ubicada en Colombia), le han permitido al líder opositor sostener su sistema de distribución de rentas, cuotas de poder y redes de influencias en los apoyos políticos internos y externos que mantiene para seguir incrementando la plataforma de presión con la cual busca crear condiciones para una transición en el país, que podría ser financiarse con esos fondos si se llega a instalar el Consejo de Estado que el propio Guaidó ha propuesto tras una eventual previa negociación con el gobierno de Maduro.
Ricardo Serrano
