La aprobación del Fondo Especial de Litigios, por 20 millones de dólares, enciende las diferencias a lo interno de la oposición y es que el partido Primero Justicia (PJ), en voz de su jefe de Fracción, el diputado Alfonso Marquina, salvó su voto, por lo que ninguno de sus diputados aprobaron estos recursos, al tiempo señalaron en un comunicado que Juan Guaidó no ha cumplido con los principios constitucionales de «honestidad, transparencia y rendición de cuentas» en el manejo del dinero que ha manejado.
De acuerdo con un comunicado del Parlamento que preside Guaidó, el dinero se utilizará para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero, tanto de 2019 como de 2020.
Sin embargo, los representantes de la tolda aurinegra le recordaron públicamente el artículo 36 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia que establece que «los activos de la República recuperados por la actuación institucional del Parlamento no pueden disponerse ni ejecutarse hasta tanto cese la usurpación y se conforme un gobierno de unidad nacional», según el reglamento.
La tolda de PJ muestra su desacuerdo con los fondos que se han entregado a Guaidó. En un hilo de Twitter, Marquina resalta que en el artículo 34 del Estatuto ya mencionado, está establecido que mientras persista «la situación de usurpación», PDV Holding y sus filiales no puede realizar ningún tipo de pago o aporte a Petróleos de Venezuela.
No es solo la exigencia de mecanismos transparentes por parte de Primero Justicia, sino también del emplazamiento que ha hecho la actual directiva de la Asamblea Nacional, presidida, por Luis Parra, quien también ha solicitado que se investigue el uso de recursos venezolanos por parte de Juan Guaidó.
En el comunicado colgado en las redes sociales por Marquina, se indica que “hasta la fecha no se ha designado formalmente los integrantes de la Comisión Técnica creada por la Asamblea Nacional en fecha 19 de noviembre de 2019, razón por la cual no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de los recursos, ni la aprobación previa de la ejecución de estos”.
En un contundente párrafo los justicieros señalan que Guaidó y su equipo no estarían cumpliendo cumplen las condiciones de honestidad, eficiencia, transparencia mínimas que establece la legislación venezolana vigente.
Expresan que «por otro lado, aun no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos. La designación de un Contralor Especial por parte de la Asamblea Nacional, sería uno más, entre los requisitos institucionales para el control de ejecución de fondos públicos, pero tampoco existe instancia de imputación de gastos públicos y no se ha determinado mecanismos de funcionamiento de tesorería».
a situación está en plena polémica y no ha pasado inadvertida dejando en evidencia un claro desacuerdo del partido de Julio Borges y Henrique Capriles, al irregular manejo de los recursos que ha tenido Guaidó en los últimos meses y que se suma a los escándalos de corrupción en el que se han visto involucrados.
Marquina recalcó que «desde el 23 de enero del 2019, Primero Justicia ha liderado y respaldado la defensa de los activos de la República. Nuestra fracción parlamentaria asume de manera realista que dichos recursos son necesarios para la defensa de nuestros activos», agregó.
Advirtió que el aumento del fondo de litigios a un máximo de 20 millones de dólares se parece más a un presupuesto no sometido a controles. Y finalmente, PJ expresó que no son suficientemente conocidas las estrategias de defensa judicial de los activos de la República. Tampoco los mecanismos de selección de abogados contratados por la oficina del procurador especial.
La fisura entre los dos partidos protagonizan la escena de la oposición, especialmente desde el 23 de enero de 2019, cuando se hizo eco en la Procuraduría que el mismo Parlamento designó el año pasado. Guaidó, quien sigue en una gira internacional, no respondido todavía sobre los casos de corrupción que se han revelado en los últimos meses. No hay rendición de cuentas ni al país ni al propio sector opositor.
A continuación comunicado de Alfonso Marquina:
Ayer salvé el voto en nombre de la fracción parlamentaria de @Pr1meroJusticia en la aprobación del Fondo Especial de Litigios, aquí hago públicas nuestras razones. #29ene pic.twitter.com/b8blHOQI8O
— Alfonso Marquina (@DipMarquina) January 30, 2020
NAM/Globovisión
