El economista Francisco Rodríguez advirtió que la AN 2015 tiene en sus manos el destino de Citgo, luego de que una Corte de Justicia de Delaware, EEUU, autorizó a cuatro acreedores a embargar la empresa, filial de Pdvsa: si no corrige errores, la entregará en bandeja de plata a los acreedores.
El miércoles 19 de abril, se conoció que la OFAC del Departamento del Tesoro emitió la licencia general 5K que prohíbe a los tenedores del bono Pdvsa 2020 hacer uso de la garantía que les daría mayoría accionaria de Citgo, que ahora está bajo el control de la oposición democrática, representada en la AN electa en 2015.
Rodríguez explicó que la medida de la OFAC se traduce en que se extiende por tres meses más la prohibición de que los acreedores ejecuten la garantía de los bonos en caso de impago. «Esto es algo que EEUU viene haciendo periódicamente desde 2019 cuando la República y en concreto el gobierno interino dejó de pagar servicios sobre este bono. Lo que es interesante es que esta extensión es solo de tres meses, a diferencia de la del 2022 que era de un año. Además, hay que recordar que existe una demanda que avanza pese a que el gobierno interino terminó en diciembre, se sigue tramitando a través de abogados por presunta ilegalidad de este bono en las Cortes de Nueva York. Allí se hicieron argumentos en la Corte de Primera Instancia, y la República de Venezuela perdió el argumento cuando la juez dictaminó a favor de los acreedores», destacó Rodríguez en entrevista telefónica concedida a ND.
En este momento, está bajo apelación en la Corte de Apelaciones de Nueva York y esto se resolverá en los próximos meses. A su juicio, es muy posible que la razón por la que EEUU ha extendido esta protección es justamente para dar un tiempo a que se resuelva este tema legal y hay una probabilidad, de que si la Corte vuelve a dictaminar a favor de los acreedores, el gobierno de EEUU levante la protección y permita la ejecución de la garantía.
En este contexto, Rodríguez recordó que durante mucho tiempo advirtió al interinato que corrigiese su accionar en cuanto a Citgo ya que su manejo violaba los principios básicos de gobernanza corporativa, pero lamentablemente el gobierno interino hizo caso omiso.
«Personalmente pienso que hay daños severos a la República porque la sentencia de marzo indicó que fueron 2.500 millones de dólares en acreedores. Ahora, se han sumado otros casos adicionales y el juez ha permitido que otros acreedores se sumen, por lo que tenemos un total de 9 mil 100 millones de dólares en acreedores y a muchos se les ha abierto las puertas de embargar Citgo por el cuestionable manejo de la empresa por parte del gobierno interino», fustigó.
Aseguró que ha hecho exhortos a la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera para que revise la comisión de Citgo y de Pdvsa Ad hoc para que se cumplan los principios básicos de gobernanza corporativa sobre manejo de empresas y que «Venezuela no siga siendo vulnerable a este tipo de demandas de las cuáles se acumulan cada vez más».
Pese al exhorto, estima que Citgo todavía es una compañía que por el estado favorable de las condiciones de mercado de refinación, tiene un cierto valor de mercado que sigue excediendo el valor de las mencionadas obligaciones, pero la AN 2015 debe tomar acciones urgentes.
«Si la AN no corrige lo que se ha hecho mal lo que seguirán haciendo es entregarle a Citgo a los acreedores en bandeja de plata. Lamento que no hayan tomado acciones, debería estar haciendo la AN lo que haría cualquier Poder Legislativo porque hablamos de pérdidas millonarias. Me impresiona mucho que la AN 2015 no haya decidido abrir una investigación sobre las razones por las que esta instancia ha actuado de esta forma».
A finales del mes de marzo, el juez Stark halló que el gobierno interino ejerció control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de filiales de la empresa para sus propios fines, ordenar a Pdvsa hacer y suspender pagos de deuda y anunciar que la deuda de Pdvsa y la República tendrían el mismo trato.
Rodríguez destacó que en ese entonces, el juez señaló específicamente a miembros del gobierno interino, entre ellos José Ignacio Hernández «cuyos actos de acuerdo con el juez, violaron la autonomía de Pdvsa y abrieron las puertas a lo que está pasando» y subrayó «los venezolanos merecemos respuestas respecto a las causas y lamento que hasta ahora no ha habido señales de disposición a investigar este grave y serio incidente».
El juez Stark, siguió, determinó que se había cumplido el alter ego que consiste en la violación por parte de la República de la autonomía de Pdvsa.
Y profundizó: en EEUU no puedes embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño porque son dos entidades legalmente distintas y separadas. Por lo tanto, las deudas por nacionalizaciones, los laudos que se han dictado contra la República que han generado estas condiciones, pero en principio no deberían poder cobrarse con Citgo porque es propiedad de Pdvsa.
Sin embargo, el juez en este caso dijo que sí se podía cobrar con un embargo a Pdvsa Holding porque la República uso la empresa como una «caja chica».
«El gobierno interino habría usado los activos de Pdvsa para sus propios fines y por lo tanto, no respeto su autonomía. Y es interesante que este dictamen del juez precisa que la violación se dio durante el período del gobierno interino; no se dio durante Maduro, fue muy claro en eso, fue en 2021 y 2022. Por tanto, el que violó la autonomía de Pdvsa fue el gobierno interino y eso es lo que permite que a esta compañía la embarguen. Lo que revela un mal manejo, altamente cuestionable por parte del gobierno interino y por parte de la junta de Pdvsa Ad hoc que sigue siendo la misma que nombró el gobierno interino».
¿Es posible salvar a Citgo?
– Sí, creo que si es posible pero habría que entrar en una negociación con los acreedores. Creo que en la medida que se dilata es más grave el daño, porque cuando plantee esto hace meses, la deuda era de 4 mil millones y ahora la deuda es de 9 mil 100 millones porque no se negoció con los acreedores. Se tienen que hacer dos cosas: negociar con acreedores que han sido reconocidos por la Corte de Delaware, y la segunda es tomar las medidas para corregir el problema de la falta de autonomía de Pdvsa en el manejo de lo que ha sido el gobierno interino y después la AN 2015 que fue el grave error identificado por la corte y lo que permitió fundamentar argumentos de alter ego.
– Hay que revisar el marco de relación entre la junta Ad Hoc de Pdvsa y la AN 2015 para permitir que la junta de Pdvsa actúe con la autonomía necesaria, y entablar la negociación de forma paralela con los acreedores para llegar a un acuerdo de pago a lo largo del tiempo y por tanto, impedir el embargo.
Rodríguez hizo hincapié en que si se llega a un acuerdo con los acreedores, al presentársele a la corte y estar suscrito por la AN 2015 y los acreedores, el juez automáticamente acepta el acuerdo y suspende las órdenes de embargo. «Es lo que hay que hacer, pero la AN 2015 no ha tomado acciones al respecto».
NAM/Agencias
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