La Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una jornada atravesada por fuertes tensiones políticas y un operativo de seguridad contra manifestantes que protestaban en las inmediaciones del Congreso.
El proyecto fue aprobado con 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo, luego de que se eliminara el artículo que contemplaba la reducción salarial durante licencias por enfermedad. La votación dejó en evidencia la profunda división en el Parlamento y en la sociedad argentina.
Desde el oficialismo celebraron la medida como un paso hacia la “modernización” del mercado laboral. Sin embargo, desde bloques opositores, sindicatos y organizaciones sociales la calificaron como un retroceso que debilita derechos conquistados históricamente por el movimiento obrero.
Durante el debate, el diputado Sergio Palazzo advirtió que bajo el argumento de actualizar la normativa laboral “se esconde una regresión severa en materia de derechos”. Legisladores de izquierda y sectores progresistas sostuvieron que la reforma prioriza intereses empresariales por encima de la protección de los trabajadores.
Aspectos centrales de la reforma
Uno de los puntos que generó mayor controversia es la ampliación de las actividades consideradas esenciales. Con esta modificación, en caso de huelga deberá asegurarse entre el 50 % y el 75 % de los servicios, lo que para sus críticos reduce el alcance efectivo del derecho a la protesta.
El texto también incorpora sanciones más severas ante ocupaciones de establecimientos y acciones sindicales que interfieran con la denominada “libertad de trabajo”. Organizaciones sociales señalaron que esta redacción podría facilitar medidas contra dirigentes gremiales.
En el plano contractual, la reforma introduce cambios en el esquema de indemnizaciones por despido, habilita sistemas de banco de horas que permiten extender la jornada hasta 12 horas diarias y crea la figura de “prestadores independientes” para trabajadores de plataformas digitales, lo que, según especialistas, podría debilitar su acceso a derechos laborales básicos.
NAM/VenezuelaNews
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