• ¡EL ZULIA FUERA DEL TOP 10 EN HOMICIDIOS! Dos de los Municipios más violentos de Venezuela están en el Estado, informe OVV

    Venezuela cierra el año 2021 con un estimado de al menos 11.081 personas fallecidas por causas violentas, lo cual se corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada cien mil habitantes. Esta tasa es el resultado de cuatro tipos de muertes violentas que consideramos son los componentes que están pautando la violencia letal en la sociedad: homicidios, resistencia a la autoridad, averiguaciones de muerte y desapariciones.
    En 2021 estimamos que ocurrieron 3.112 homicidios cometidos por los delincuentes, para una tasa de 11,5 víctimas por cada cien mil habitantes. Se contabilizaron 2.332 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 8,6 víctimas por cada cien mil habitantes. Pudimos estimar que hubo al menos 4.003 muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte, y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar, y cuya tasa estimada es de 14,8 víctimas por cada cien mil habitantes. Adicionalmente, en este año 2021 pudimos observar en el país un notable incremento de las desapariciones, las cuales implican una presunción de muerte no confirmada por la ausencia  del cadáver, lo cual nos llevó a diferenciar la información y establecer esta nueva categoría en la que se encuentran 1.634 personas, para una tasa de 6,0 víctimas por cada cien mil habitantes.

    Esto significa que en el 2021 los delincuentes cometieron diariamente 8,5 homicidios, que los cuerpos policiales mataron a 6,3 personas diarias por resistirse a la autoridad. Que no hubo esclarecimiento de un promedio de 11 víctimas fatales, las cuales quedaron clasificadas como muertes en averiguación, y que cada día del año fueron denunciadas por sus familiares la desaparición de 4,4 personas.

    En el año 2021 hubo una reducción de las muertes violentas en el país. Esa reducción mantiene una tendencia a la baja que puede observarse para la tasa global desde 2017 y desde hace tres años para las muertes por resistencia a la autoridad, aunque la tasa de averiguaciones de muerte se incrementó este año. Esos cambios no han sido el resultado del mejoramiento de las condiciones sociales, ni de una mejoría en el sistema de seguridad y protección de las personas, ni tampoco de una mayor  vigencia del Estado de Derecho, sino al contrario, de un deterioro sostenido de las garantías de derechos humanos. Paradójicamente, la reducción de la mortalidad violenta es el resultado del empeoramiento de la calidad de vida y de políticas públicas que destruyeron capacidades económicas,  auparon la corrupción y el deterioro de los servicios básicos, y que generaron una parálisis del país, causando un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo, que en conjunto redujeron notablemente las oportunidades del crimen.

    Los homicidios se reducen por la parálisis de la economía, por el control del crimen organizado de las rutas del tráfico de las drogas y de los negocios y de las rentas, y por el dominio cada vez mayor de territorios, en los cuales es el crimen organizado y no el Estado quien regula o pone coto a los asesinatos. Una dimensión importante para entender las razones de la disminución de los homicidios en el país son los cambios que ha experimentado la composición demográfica debido a la emigración masiva. Los estudios recientes (ENCOVI 2021) han encontrado que más de la mitad de la población que ha migrado durante los últimos cinco años está compuesta por jóvenes entre 15 y 29 años, exactamente el mismo grupo etario más involucrado en la violencia. Si asumimos que la emigración puede calcularse conservadoramente en cinco millones de personas, deberían haber salido del país alrededor de 2,5 millones de jóvenes en la edad que ha constituido el núcleo de la violencia, sea como víctimas o sea como victimarios, reduciendo drásticamente la población en riesgo de sufrir o infligir la violencia y dándole sustento a la teoría criminológica que atribuye las variaciones en el delito violento a los cambios demográficos, pues disminuye el grupo de potenciales agresores y posibles víctimas en condiciones de precaria institucionalidad.

    El año 2021 está representando una inflexión en el comportamiento del delito y la violencia como resultado de los cambios en la economía local, del proceso de dolarización y de la generalización del envío de remesas por los familiares migrantes. Este proceso, por el cual se ha dado una pequeña reactivación comercial y una leve recuperación de la economía, que, aunque muy precaria por lo reducida en tamaño y por el nivel de retroceso del que se parte, abre nuevas oportunidades al crimen. Este año se verificaron aumentos del 10% en el número de hurtos, del 13% del hurto de vehículos, del 18% de robos de vehículos conocidos por las policías. Una porción importante de los trabajadores formales e informales reciben sus ingresos en dólares, por lo tanto, están en posesión de divisas y vuelven a resultar atractivos para los ladrones en sus casas o al momento de trasladarse por la ciudad.
    Los pequeños comercios están vendiendo sus mercancías en dólares, y por ello son susceptibles de ser robados en sus locales, hecho que no sucedía hasta hace poco, pues solo recibían transferencias bancarias y no tenían efectivo en su poder. Ahora tienen dólares en billetes que tientan al delito. Y ya desde el año pasado se había notado un incremento de los delitos dirigidos a las casas comerciales medianas o grandes, las cuales venden sus productos en dólares, pero como por lo regular no reciben los pagos en efectivo, pues son montos más altos, sino por transferencias, ha sido el crimen organizado quien ha actuado contra ellas, aplicando la extorsión y exigiendo pagos en dólares y con regularidad para “protegerlas” y evitarles daños mayores. Ya se ha observado, y es de esperarse para el próximo año, un incremento de los asaltos, los secuestros, el robo de viviendas y los atracos en el transporte público.

     

     

    EL ZULIA

    En el país se observan dos tendencias paralelas en el delito y la violencia: una de concentración en zonas tradicionales y otra de expansión hacia zonas nuevas en la localización de los casos de muertes violentas. Por un lado, se pudo observar que en el año 2021 continúan concentrándose las muertes violentas en la zona centro-norte costera del país. En este año el Distrito Capital, con una tasa de 77,9 víctimas por cada cien mil habitantes, se ubicó como la entidad territorial más violentas del país, seguido por el estado Miranda (tasa de 64,1). Aragua, que con una tasa de 50,8 pasó a ubicarse en la quinta posición del país, cuando en años anteriores se encontraba en el primer lugar en violencia. El estado Bolívar se mantiene como la tercera entidad territorial más violenta del país (tasa de 56,8) y, de manera novedosa, Delta Amacuro se ubicó en el cuarto lugar del ranking con una tasa de 52,1 por cada cien mil habitantes.

    Hay una tendencia a la reducción de la violencia en los estados occidentales del país y un incremento hacia la región oriental de la república. El estado Sucre, que en el siglo pasado había sido uno de los menos violentos del país, tiene varios años mostrando un alto nivel de mortalidad violenta, la cual, durante este año, aunque se mantuvo elevada con una tasa de 37,9, lo baja en su ubicación a nivel nacional y lo lleva al puesto 10, por detrás de Monagas (46,5) el cual pasa a ocupar el séptimo lugar y Anzoátegui (41,2) la novena posición. Los estados Carabobo (46,5) y Vargas (45,4), quienes en los años pasados habían tenido una figuración menor, este año pasaron a ocupar las posiciones 6 y 8 del ranking nacional.

    En el caso del Zulia ocupa el puesto 11 del ranking  de la tasa de muertes violentas, el 12 en la tasa de homicidios y baja al puesto 7 en la tasa de muertes por resistencia a la autoridad, todos por cada 100mil habitantes.

     

    Municipios.

    Cuando se observa la situación de violencia a la escala del municipio, se pueden encontrar variaciones importantes e ilustrativas del funcionamiento del crimen violento. De los cinco municipios más violentos del país, tres se encuentran en la zona minera del estado Bolívar y presentan tasas de muertes violentas excepcionalmente altas: el municipio El Callao con una tasa de 511; el municipio Sifontes con 189 y el municipio Roscio con 125 por cada cien mil habitantes. Los otros dos municipios corresponden a La Ceiba en el estado Trujillo y la Cañada de Urdaneta en el estado Zulia. En estos casos se corresponden a dinámica criminales diferentes. Entre los municipios ubicados en las posiciones quinta a la décima como los más violentos del país, tres están en el estado Aragua y son los municipios Zamora, Santos Michelena y José Rafael Revenga. Y aparece otro municipio del estado Zulia, Jesús Enrique Lossada, y uno en Carabobo, el municipio Diego Ibarra. Por lo cual, áreas específicas de algunos estados que, en su conjunto no estuvieron entre los más violentos, sí tienen una alta tasa de mortalidad de muertes violentas

    Si quieres revisar todo el informe

    Al cerrar el año 2021 es posible apreciar que tenemos otro país, con rasgos y consecuencias diferentes de las que tuvimos en el pasado. Se observa que el retraimiento del Estado y el incumplimiento de algunas de sus más importantes obligaciones como garante de derechos humanos, está teniendo consecuencias muy penosas en la calidad de vida de las personas, en la convivencia social y en la debida atención a las víctimas de violencia y de la vulneración de los derechos humanos. Las cifras de violencia que anualmente ofrecemos las diez universidades nacionales que integramos el
    OVV, son datos numéricos, estadísticas, tasas, pero cada una de ellas se refiere a situaciones lesivas y muy dolorosas en las familias y las personas que las sufren. Cada muerte violenta, cada lesión o cada daño tiene el rostro de seres humanos, de familias cuya historia cambió para siempre. La reparación del daño y la mitigación de las consecuencias es un derecho humano, y su desatención tiene graves consecuencias en la convivencia social.
    La mayoría de la población del país continúa sometida al miedo, la inseguridad y a una precariedad de recursos, que resultan inaceptables, porque son violaciones a la dignidad y los derechos de las personas. La falta de atención en la seguridad personal, la educación, salud y protección a la niñez, la juventud y los adultos mayores, y su creciente privatización, se han convertido en una forma perversa de exclusión social. Las privaciones sociales continuas y las reiteradas vulneraciones de derechos, compromete nuestro destino social.
    La Constitución y las leyes nacionales, así como los tratados internacionales que ha suscrito la República, exigen que el Estado venezolano respete y sea garante de la protección y vigencia de los derechos humanos. La sociedad venezolana ha dado muestras asombrosas de resiliencia, lo ha demostrado con los enormes esfuerzos que realizan las familias y las personas para sobrevivir en un contexto tan adverso.
    En este 2021, así como hemos encontrado violencia y sufrimiento, también hemos podido observar muestras nobles de solidaridad y de resistencia.
    En estas circunstancias, lo que cada uno de nosotros hace con su activismo ciudadano en su pequeño espacio, será un aporte relevante en la exigencia del respeto a los derechos y la construcción de una sociedad solidaria. Lo que cotidianamente hacemos siembra esperanzas y fortalece los espacios para
    la democracia y la libertad.

    NAM/Ovv

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