La migración de empresarios venezolanos que siguen operando sus negocios desde el exterior ha elevado el número de conflictos legales por falta de representación dentro del país, alertó la especialista en derecho procesal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gabriela Arias.
En entrevista para Fedecámaras Radio, la abogada señaló que los propietarios que decidan emigrar sin cerrar su actividad económica deben designar un apoderado con facultades legales para realizar trámites presenciales, cobrar alquileres, atender inspecciones y gestionar el mantenimiento de los inmuebles.
Esta persona puede ser un familiar, socio o administrador, siempre que exista un poder debidamente registrado para respaldar sus actuaciones. Arias destacó que la mayoría de los problemas se originan cuando los empresarios reaccionan únicamente al presentarse un conflicto.
«Lo más recomendable es prevenir y tener una asesoría a tiempo. Toda persona que tiene un negocio en Venezuela debería contar con un abogado; eso es elemental. A nivel de tiempo, de ahorro de tiempo y dinero, es muy inteligente contar con un abogado de forma preventiva».
También advirtió que, en materia arrendaticia, continuar cobrando a inquilinos que incumplen el contrato sin proceder legalmente puede generar una prórroga tácita. Esa situación dificulta más adelante la recuperación del local o la terminación de la relación contractual.
Arias insistió en que la ausencia de asesoría, contratos actualizados o representación jurídica suele traducirse en pérdidas económicas, retrasos en procedimientos y mayores riesgos patrimoniales para los propietarios que gestionan sus negocios desde el extranjero.
NAM/FinanzasDigital
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