Cada 27 de septiembre se celebra en toda América Latina el día del derecho a la información pública desde que se promulgara oficialmente en Bulgaria, hace 16 años, con el fin de reconocer la importancia de este derecho fundamental en la vida democrática de las naciones.
En Latinoamérica solo en cinco países – Guatemala, México, Panamá, Perú y actualmente se debate en El Salvador- se han producido avances contundentes en materia de acceso a la información.
Como complemento a la protección de dos derechos fundamentales, de acceso a la información, en específico del habeas data, así como del derecho a la privacidad, surge hace algún tiempo el derecho a la “protección de datos personales”, que implica un límite específico para el ejercicio del derecho a esa información, que no es considerada pública, sino privada y personal, por lo que su incumbencia es exclusiva de cada sujeto. Ejemplos de estos casos son notorios ante las direcciones particulares de sus residencias, su orientación sexual, o aquellas enfermedades y situaciones que por naturaleza de confidencialidad, no deben ser expuestas al público, salvo consentimiento expreso del sujeto.
Venezuela
En Venezuela, este derecho está amparado en el Artículo 28 de la carta magna donde expresa que toda persona tiene el derecho de acceder a la información o documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas; e igualmente en el artículo 51 se aborda el acceso a documentos contentivos de información de interés para comunidades o grupos de personas, debido a lo relevante que podrían ser tales papeles para la comprensión y la verificación del ejercicio del gobierno, también sirve como base para ejercer otros derechos, llevando así un control de la gestión pública.
NAM/Pasante/María Goncalves/Venelogía
