Ecuador todavía no cuenta con un balance de los fondos que ha destinado para atender el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, que huyen de la crisis política y económica que vive su país.
La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, precisó que solo su Cartera ha destinado unos USD 3 millones este año para brindar atención, sobre todo a los grupos más vulnerables como los menores de edad.
Esta semana, cuando se registra un promedio de 2 000 ingresos diarios, una misión del Banco Mundial (BM) llegó para el levantamiento de información sobre los fondos que se han empleado y los que se requieren frente a esta situación.
El canciller, José Valencia, explicó que, a pedido del Gobierno, esa delegación se encargará de hacer “una evaluación muy puntual” de todos los rubros que afronta el Estado ecuatoriano para atender la inusual ola migratoria.
El balance que presente el BM permitirá determinar cuánto se está invirtiendo en salud, educación, seguridad y gestión de riesgos, y buscar el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar esta crisis.
Por ahora, hay una estimación que proviene del Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que permitiría dimensionar la inversión que se requiere.
Arnaud Perald, coordinador de la ONU en Quito, indicó a este Diario que este organismo ha tenido que destinar USD 14 millones para atender a los migrantes venezolanos en el país en los últimos dos años.
Entre las acciones consta la entrega de asistencia alimentaria a nueve albergues o comedores en Quito, Lago Agrio, Tulcán,
Ibarra y Esmeraldas que acogen a población venezolana y también colombiana.
Además, 15.087 cupones de USD 25 entregados en agosto a familias con mayor vulnerabilidad, para que puedan canjearlos por alimentos en puntos de venta contratados por el sistema de Naciones Unidas.
Los recursos han provenido de los países que aportan a este sistema o de sus agencias como el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de fondos globales para responder a emergencias.
La mayoría de la población venezolana llega al Ecuador en condiciones de vulnerabilidad y reporta haber enfrentado peripecias en el acceso a salud, educación y trabajo en sus lugares de origen.
Generalmente, las personas cuentan con limitados recursos para continuar su viaje y están expuestas a situaciones de violencia, explotación, abuso, trata y tráfico ilícito de migrantes, según las autoridades.
Uno de los albergues está ubicado en una bodega de pintura en el sector de Carcelén industrial, en el norte de Quito.
Funciona con fondos privados, desde junio y llegó a ser ocupado hasta por 200 personas, pero actualmente tiene un promedio de 64 al día.
Daysi Sánchez (26 años) es una de las beneficiadas. Llegó hace tres semanas con una niña de tres años. Está preocupada porque no logra conseguir dinero para continuar su viaje a Argentina y por la salud de su pequeña. “Tiene gripe desde hace un mes y no se cura.
Aquí también estamos cuatro mujeres, una de ellas está embarazada. El cambio de clima nos afecta a todos”, comentó.
El local cuenta con dormitorios separados para hombres y mujeres, comedor, lavandería y hasta una farmacia. Pero sus administradores les advierten que solo pueden permanecer allí por un máximo de 15 días.
Su compatriota Omar Acosta (36 años) colabora con la organización de este albergue, que se mantiene con donaciones particulares. En su caso, tiene trabajo como traductor.
La situación es distinta para otros venezolanos, por ahora 40, que ocupan el albergue improvisado cerca de la terminal terrestre
de Carcelén. Viven en covachas o unas carpas.
A mediados de octubre, el Gobierno de Alemania informó a Ecuador la asignación de tres millones de euros para un proyecto de apoyo a las personas en situación de movilidad humana en la frontera norte.
El proyecto tendrá una duración de tres años. Los objetivos serán mejorar el sistema de protección de derechos humanos a personas en situación de movilidad en comunidades de acogida, apoyar y fortalecer la conciencia social para prevenir la violencia contra mujeres, niños y adolescentes y establecer condiciones básicas para una convivencia pacífica.
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, por los pasos fronterizos 708 935 venezolanos han registrado su ingreso a territorio de Ecuador, según datos de la ONU.
El 9 de agosto el Gobierno declaró estado de emergencia, por un mes, para las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro. Sin embargo, la medida ha tenido que ser prorrogada hasta este mes de noviembre.
NAM – El Comercio
