El ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, defendió este sábado ante los medios locales la «drástica» decisión adoptada anoche por el Ejecutivo con el objetivo de «mantener a salvo a los australianos» dentro del país.
Aquellos que se salten la orden temporal serán acusados de vulnerar la Ley de Bioseguridad, penada con hasta 5 años de prisión y multas de hasta 66.000 dólares australianos (casi 51.000 dólares estadounidenses o más de 42.350 euros).
Según el canal público ABC, esta es la primera vez que las autoridades australianas prohíben a sus ciudadanos regresar al país.
NAM/EFE
