Los principales gremios del país, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTA), el Comando Intersindical del Transporte y la Federación Bolivariana de Transporte, alzaron su voz de manera unificada para exigir un ajuste tarifario anclado al dólar, advirtiendo que la operatividad del servicio público está al borde del colapso.
La propuesta, encabezada por José Luis Montoya, presidente del Comando Intersindical del Transporte, plantea establecer una tarifa entre 0,75 y 1 dólar para el pasaje urbano. Según Montoya, esta cifra responde a una estructura de costos que ya está completamente dolarizada, mientras que la tarifa oficial resulta “insostenible” ante la inflación y la devaluación permanente de la moneda local.
Costos en dólares, ingresos en bolívares
Los transportistas aseguran que los principales insumos del sector: gasolina, lubricantes, repuestos y mantenimiento mecánico, se adquieren a precios referenciados al dólar, lo que genera una brecha imposible de cubrir con la tarifa actual.
César Oropeza, representante de ANTA, califica el esquema vigente como “irreal”, y advierte que la dolarización de facto de la economía condena a los transportistas a trabajar a pérdida. Esta crisis, afirma, ha llevado a la paralización de buena parte de la flota, agravando la movilidad de los ciudadanos y afectando directamente la productividad del país.
Gremios piden subsidios directos y una Ley de Transporte unificada
La solicitud de ajuste tarifario viene acompañada de nuevas propuestas. Los gremios plantean que el Gobierno sustituya el subsidio exclusivo al combustible por subsidios directos a los operadores, con el fin de compensar los costos operativos y mejorar sus condiciones de vida.
También insisten en que la crisis del transporte requiere soluciones integrales, no paliativos temporales como el fallido “Plan Cayapa”, que en su momento prometió repuestos y recuperación de unidades, pero quedó sin continuidad ni recursos suficientes.
Los transportistas proponen instalar una mesa técnica con la Asamblea Nacional, el Ministerio de Transporte y las alcaldías para avanzar hacia una Ley de Transporte unificada que permita fijar tarifas realistas, garantizar el mantenimiento de las unidades y blindar la capacidad operativa del sector.
Impacto en los usuarios y la urgencia de acuerdos sostenibles
Aunque un aumento del pasaje podría afectar inicialmente al usuario, los gremios destacaron que la situación actual perjudica por igual a pasajeros y transportistas. La escasez de unidades, las largas esperas y la precariedad del servicio impactan la calidad de vida de millones de venezolanos.
Por ello, proponen que el Estado implemente subsidios directos a los usuarios más vulnerables, con el fin de equilibrar el impacto del ajuste tarifario sin agravar la situación económica de las familias.
Los representantes gremiales coinciden en que ignorar la dolarización de los costos solo profundiza el deterioro del transporte público. “Es necesario acordar tarifas basadas en la realidad económica del país. No se trata de caprichos, sino de sobrevivencia”, sentenció Montoya.
NAM/Agencias
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