El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, explicó que la liberación de los 25 estudiantes detenidos el pasado jueves 29 de junio en El Rosal fue una decisión absolutamente justa porque “fue anulado el acto de aprehensión lo que implica que fue una detención ilegitima y arbitraria”.
Romero precisó que los jóvenes permanecieron 72 horas detenidos y, tras revisar las actas se constató que entre los motivos está una bandera de Venezuela “y ese era un elemento supuestamente criminalístico”.
Agregó que el hecho público y comunicacional es que había una manifestación absolutamente pacífica y que los 25 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente pero “los medios de comunicación y las redes, que representan evidencias importantes en la investigación, reflejaron que era un a detención arbitraria”.
Romero explicó que la Fiscalía General de La República no solicitó la nulidad pero no precalificó delito, es decir, “estableció que no había ningún delito posible pero requirió que se continuara un procedimiento de investigaciones, nos opusimos a eso y nos adherimos a la libertad plena y solicitamos la nulidad absoluta de estas acciones que el juez declaró con lugar”.
El abogado detalló que el FPV ha denunciado desde el 1º de abril más de 2 mil 800 detenciones arbitrarias ante el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas “pero en este caso que hay una decisión de un órgano judicial que establece que hay una privación ilegítima de libertad porque la orden de aprehensión es nula, eso acarrea responsabilidades penales individuales contra los funcionarios y hay que denunciarlo como ejemplo para las próximas actuaciones”.
“A nadie se le puede detener sin que exista una verdadera constancia de un delito cometido en el momento que es la flagrancia o haya un orden judicial”, aseveró.
Alfredo Romero señaló que también aquellos funcionarios que han participado en allanamientos ilegales de la propiedad privada deben ser puestos ante la ley. Es un delito “la violación al hogar doméstico donde funcionarios policiales sin orden secuestran a personas, las sacan de sus casas, como el caso de los edificios Los Verdes” en El Paraíso”.
Destacó que además no se trata del delito de una persona particular en un día sino de “un patrón sistemático de actuaciones que acarrean crímenes de lesa humanidad y por allí la Fiscalía debe investigarlo”.
El jurista precisó que hasta el 2 de julio había 3 mil 553 arrestos desde el 1º de abril en protestas y “de esta cifra se han presentado ante tribunales militares 415 personas, esto es algo que nunca había pasado en el país y es la guinda de la torta de la detención arbitraria y lo que refleja es un esquema dictatorial”.
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NV1/Unión Radio
