A las 6.30 de la mañana del viernes santo, los parlamentarios Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Desiree Barboza, en compañía de concejales y algunos dirigentes políticos, llegaron la Zona Nº 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Zulia, antiguo Core 3, con los comunicados internacionales en la mano e intentaron entregárselos personalmente al general de brigada Elio Ramón Estrada Paredes, pero éste no se encontraba en el lugar. Los oficiales presentes activaron un grupo antimotín y lo dispusieron en la entrada.
Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, aseguró que activar un grupo antimotín de al menos 20 oficiales, para recibir una comisión de diputados es muestra de la orden que tienen de reprimir a quienes piensan distinto.
“Quisimos conversar con la Guardia Nacional, mostrarles la resolución la CIDH y también la de la ONU con fecha del 11 de abril de 2017, donde se le hace un llamado público e internacional al gobierno venezolano para que asegure los derechos a la manifestación pacífica y la libertad de opinión.
También hace un llamado a las fuerzas de seguridad a operar de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos. No pueden reprimir la manifestación pacífica porque es un derecho constitucional y lo que tienen que hacer es acompañar y proteger al pueblo”.
En medio de la visita Guanipa destacó que los diputados le exigen a la Guardia Nacional “que desmonten los mal llamados colectivos que asesinan a la gente que sale democráticamente a manifestar su inconformidad con el gobierno”. “Ellos son los infiltrados, son los que amedrentan, amenazan a la gente de muerte, disparan, matan sin importarles nada; y a ellos nadie los reprime. Esto debe detenerse”.
Avilio Troconiz, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que como representantes del pueblo responden correctamente a su sentimiento de frustración y angustia frente a la crisis que vive Venezuela.
“Estamos en el deber de acompañar a la gente a reclamar sus derechos. Y la Guardia Nacional debe conocer que la CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país.
La carta de la CIDH advierte que la situación de Venezuela está siendo monitoreada y nosotros agregamos que los delitos cometidos por funcionarios del gobierno y de la milicia no prescriben. En algún momento deberán rendir cuentas”.
