La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó un plazo de 90 días para que el Gobierno de Iván Duque, presente la solicitud formal de extradición seguida a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias «Castor», señalado por las autoridades del vecino país como el delincuente más buscado de Barranquilla.
La decisión está contenida en el expediente E19-97, sentencia 110, redactada por la magistrada Elsa Gómez y que fue hecha pública por el diario El Heraldo.
La Sala advirtió que en caso, de no ser presentada la documentación requerida en dicho término, se ordenará la libertad sin restricciones de Díaz Collazos.
«Castor» fue detenido el pasado 4 de mayo en un hotel de la circunvalación 2 de Maracaibo. Dos días después fue trasladado a Caracas, donde fue presentado ante el Juzgado 15 de control, en el que recibió privativa de libertad y ordenaron remitir el expediente a la Sala Penal del TSJ para que evalúe su extradición a Colombia.
Los magistrados de la Sala Penal revisaron lo y observaron que solo constaba la notificación azul de Interpol. Allí se lee que “esta persona es solicitada por la Fiscalía 148 contra el Crimen Organizado de Barranquilla, mediante orden de captura 395, de fecha 28/8/2018, para ser presentado por un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, fabricación o porte de armas de fuego”.
La notificación azul de Interpol señala que Castor “es integrante de una organización delincuencial denominada ‘Los Costeños’, dedicada al sicariato, además del cobro de extorsiones y control del narcotráfico, en la que Díaz Collazos es el cabecilla principal de esta organización y es quien ordena la comisión de los homicidios y demás actividades delictivas”.
La Sala que estudia el caso aclaró que al revisar las actuaciones detalladas del expediente, verificaron que en este no consta la solicitud formal de extradición de Díaz Collazos por parte de Colombia, ni la documentación judicial que sustente dicha petición, la cual resulta necesaria para examinar los requisitos de fondo que en derecho interno e internacional rigen la materia.
NAM/Con información de Panorama
