El presidente Nicolás Maduro anunció ayer, que la recién aprobada Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero permitirá al gobierno venezolano confiscar los bienes de los miembros de la oposición que se encuentran fuera del país.
Durante su programa de televisión, Maduro destacó la importancia de este nuevo instrumento jurídico y constitucional para salvaguardar el patrimonio de todos los venezolanos. En un diálogo con el diputado Diosdado Cabello, promotor de la ley, el presidente señaló que los miembros de la oposición no podrán acceder a sus activos en Venezuela. «se quedan por fuera sin que nadie les toque todo lo que tienen en Venezuela».
«Tenemos un nuevo instrumento jurídico y constitucional para proteger todo el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. ¡Cúmplase!»
Maduro hizo hincapié en los artículos 8, 9, 12 y 13 de la ley recién promulgada y explicó el espíritu de cada uno de la siguiente manera:
Artículo 8: anula cualquier acto que busque confiscar los bienes de la República.
Artículo 9: establece la obligación de todos los venezolanos de proteger estos activos
Artículo 12 y 13: se refieren a las responsabilidades individuales en relación con los activos y establecen sanciones penales para aquellos que participen en acciones ilegítimas
¿Ataque a financiamiento de Primarias?
Maduro también acusó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, de haber recibido 346 millones de dólares por parte de Estados Unidos para financiar las primarias y las candidaturas opositoras. Maduro advirtió sobre las consecuencias legales que enfrentará Figuera y destacó la importancia de recordar su nombre.
La nueva ley y las acusaciones de Maduro refuerzan la tensión política en Venezuela, donde el gobierno continúa tomando medidas enérgicas contra la oposición y busca asegurar sus activos tanto en el país como en el extranjero.
Sanciones
En el debate del pasado martes, cuando la AN discutió lo que era el proyecto de ley, el diputado Cabello recalcó que se le aplicará la ley a todo el que participe, directa o indirectamente, en el robo o hurto de los bienes de la nación.
Vale señalar que en su disposición final primera, la ley declara inexistente y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas que pretenden usurpar los cargos de la República.
Entretanto, en la disposición final segunda, la norma establece que la ley entre en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
Por el Bloque Parlamentario de Oposición, el diputado Juan Carlos Alvarado (Copei/Miranda) instó a divulgar los detalles del robo a la nación por parte del grupo opositor de Juan Guaidó y repudió las acciones contra la patria.
Concluyó el debate el diputado Julio García Zerpa (PSUV/Táchira), quien dijo que entre los elementos fundamentales de esta ley destaca la anulación de todos los actos de usurpación que comprometieron los activos de la nación y castiga fuertemente a los delincuentes que promovieron estas acciones.
La ley quedó aprobada en segunda discusión por unanimidad. Seguidamente el presidente de la AN declaró su sanción y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional para su promulgación, la cual ya se ejecutó.
Sobre los motivos de la ley
Casi 10 años lleva Venezuela siendo objeto de sanciones y medidas coercitivas unilaterales por parte del imperio estadounidense y sus aliados europeos, quienes buscan que el país renuncie al ejercicio de sus derechos soberanos. Con estas acciones intentan despojar a la República de sus activos, derechos e intereses ubicados en el extranjero, lo que ha afectado la economía del país y al propio pueblo venezolano.
Estas acciones has sido facilitadas por actores nacionales que, violentando flagrantemente la CRBV, han intentado usurpar la representación del país y sus intereses en el extranjero. Como parte de tal atropello, recientemente un tribunal estadounidense anunció el remate ilegal de las acciones de la empresa Citgo Petroleum, que es patrimonio de todos los venezolanos.
Posteriormente, el 1° de mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó a quienes pretenden usurpar la representación de la República a negociar los activos, derechos e intereses de Venezuela en el extranjero.
Por todo ello, y las otras acciones emprendidas contra la nación desde 2014, con esta ley se busca hacer frente a cualquier acto de enajenación o disposición ilegal por parte de quienes pretendan usurpar la representación de la República. Las responsabilidades penales de esta norma se aplicarán a quienes dispongan ilegalmente del patrimonio de los venezolanos, incluso a profesionales del Derecho que participen directa o indirectamente en tales actos.
Uno de los aspectos fundamentales de la ley es que califica las acciones de despojo contra el patrimonio nacional como actividades de delincuencia organizada. Por tal motivo, los bienes de las personas que participen en estos hechos serán objeto del procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
De acuerdo a la exposición de motivos de la norma, esta ley fortalece las herramientas jurídicas del Estado para proteger al pueblo y al patrimonio de la República de la agresión multiforme que se ejecuta desde el extranjero, con la complicidad de actores de la oposición nacional.
NAM/Agencias
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