La crisis política del país se encuentra en un ciclo que, no inició el conflicto en este año, sino que a partir del origen de la crisis política venezolana en 2014 con las protestas de ese entonces convocadas por el exiliado líder opositor Leopoldo López, devinieron en otros ciclos de conflicto que, tras las protestas de 2017 y la dudosa elección presidencial de 2018 que reeligió a Nicolás Maduro, trajo un 2019 en el que la confrontación entre Maduro y Juan Guaidó los lleva, en este etapa del conflicto en curso, a un nuevo elemento estratégico para los proyectos políticos de ambas figuras: el CNE.
Y es que hoy por hoy, la piedra de tranca para una eventual y escasamente esperada negociación del poder entre el chavismo y el llamado «guaidocismo», es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que modifique todo el sistema electoral venezolano, el cual ha sido clave para la supervivencia del chavismo y la permanencia de su control político sobre todas las instancias del Estado.
Y es que el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC), afirmó que la falta de un acuerdo entre las dos terceras partes del Parlamento, no le da atribuciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). «Sobre el tema del CNE ha habido una violación de la Constitución por parte del TSJ y una irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional», dijo.
Subrayó la oposición también ha cometido errores sobre la designación de las autoridades del Poder Electoral. En ese sentido sostuvo que a finales de 2016, el TSJ ratificó a los rectores Tibisay Lucena, Luis Emilio Rondón y Tania D’Amelio para un nuevo período. «El Comité de Postulaciones, entonces presidido por Juan Guaidó, tenía todo listo, antes de que la sentencia del 13 de diciembre de ese año, cuando entró en vigencia la decisión del Poder Judicial», explicó.
En 2016, la Asamblea Nacional estuvo a punto de nombrar un nuevo CNE en vista de las elecciones regionales que se avecinaban en 2017, las cuales fueron claves para el control territorial del chavismo en los 23 estados del país. Sin embargo, el TSJ a anuló cualquier intento de la AN y les dio un fuero jurídico a ese grupo de rectores que ya tenían sus períodos vencidos.
«Decidieron dar un plazo de 10 días para buscar un acuerdo político, el Parlamento trata de hacer esa designación pero no hay quorum. Ahora la Asamblea quiere ejercer quiere ejercer esas competencias, dándole entrada a militantes del Psuv, que perdieron su condición de diputados», declaró Haro en entrevista para Globovisión.
A juicio del experto, la AN no debió permitir la reincorporación de los diputados oficialistas debido a que renunciaron de facto a sus fueros parlamentarios al aceptar cargos en el Gobierno y al incorporarse a un Parlamento paralelo e inconstitucional (Asamblea Nacional Constituyente).
En palabra del jurista, la actual directiva de la AN, «cometió un grave error al permitir la reincorporación de los diputados oficialistas que van seguir alegando un supuesto desacato, para restarle competencias a la Asamblea Nacional».
Desde 2016, el chavismo, tanto en el Gobierno como en el TSJ, ha empleado la figura del desacato como único argumento para justificar la anulación que el Poder Judicial ha impuesto de facto sobre la existencia del Poder Legislativo, lo cual es ilegal según la Constitución y que, además, excluye al desacato como elemento jurídico, pues este no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.
El abogado constitucionalista calificó la figura del desacato, como un «chantaje político», por por parte del Gobierno. «Hay que reiterar que el desacato solo es aplicable a una persona natural y no a un poder en pleno», puntualizó.
Hasta ahora, continúa el pulso entre ambos bandos debido a que el PSUV busca por todos los medios que el TSJ se encargue de nombrar al nuevo CNE, mientras que la AN hace gestiones para proceder con esa conformación y, de hecho, ya aprobó el Comité de Postulaciones que determinará a los candidatos para ser nuevos rectores del Poder Electoral.
Esa situación podría agravar aun más la crisis política del país y, si el TSJ decide anular una eventual conformación de la AN de un nuevo CNE, similar a lo que hizo en 2017 cuando la disolvió con una sentencia, no se descarta que pudiera elevarse la abstención de los venezolanos a más del 70% que se registró en las elecciones presidenciales de 2018, así como también el resurgimiento un descontento social muy fuerte que podría generar protestas similares a las del 2017 tras la decisión del Poder Judicial de quitarle y hacerse con las competencias del Parlamento.
Ricardo Serrano
