El acuerdo energético firmado entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica marcará la historia del país. A través de un mensaje a la nación, la presidenta interina Delcy Rodríguez explicó que este proyecto busca canalizar capitales e infraestructuras para transformar el potencial del subsuelo en desarrollo tangible y “garantizar la vida de todos los venezolanos en el mediano y largo plazo dentro de un plan integral que contempla proyecciones a «un año, 5 años, 10 años, 50 años».
Destacó que se está «pensando en la Venezuela del futuro», partiendo de una realidad irrefutable: «el país posee las reservas probadas de crudo más grandes del planeta».
«Pero tener recursos bajo tierra no es suficiente. Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente», señaló Rodríguez. En ese sentido, subrayó que: «De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad y podamos decir, Somos el país con la mayor reserva del mundo cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela»..
«Nuestras reservas deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país y permitirnos recuperar nuestra capacidad productiva para consolidarnos como una potencia energética y productora (…) De esta manera, no solo generamos mejores ingresos, servicios públicos, salud, educación, vialidad para nuestro pueblo, sino que aportamos a la seguridad energética del hemisferio y contribuimos a un mercado energético internacional más equilibrado y estable», dijo.
Apuesta binacional y metas de producción
El plan marco tiene una vigencia proyectada de 25 años e incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos en el territorio nacional, apuntando a una producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios tan solo mediante el esquema bilateral con Washington.
Ante la pregunta ciudadana sobre la rentabilidad real para la nación, las proyecciones gubernamentales indican que, bajo un escenario conservador de $65 por barril, «los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano», lo que representa un aporte directo de «cerca de $19″ por cada barril comercializado».
«Este acuerdo parte de una premisa muy sencilla. Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor», explicó. Mientras que «Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de 100 años», la contraparte norteamericana aportará el «capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos». A cambio, el país experimentará un salto en «producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional», por lo que «los beneficios se pierden de vista».
A la par de esta alianza, Caracas busca consolidarse nuevamente como «potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional», sumando la participación de firmas globales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP.
Asimismo, se contrastaron las condiciones actuales con los términos contractuales fijados hace tres décadas durante la apertura petrolera:
Asociaciones de hace 30 años (4 Bloques Verdes):
- Regalías: 1%
- Impuesto sobre la renta (ISLR): 34%
Nuevo Proyecto Binacional (8 Bloques Verdes):
- Regalías mínimas: 16%
- Impuesto sobre la renta (ISLR): 34%
El desarrollo de los ocho nuevos bloques greenfields en la Faja del Orinoco bajo estas nuevas exigencias permitirá «apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos».
Diplomacia y soberanía sobre la industria
El acercamiento diplomático con la Casa Blanca fue respaldado como la vía óptima para «transformar nuestras diferencias en cooperación y esa cooperación en inversión, producción, bienestar, resultados concretos». La mandataria expresó un reconocimiento directo al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a sus equipos de trabajo por el esfuerzo concertado con la delegación venezolana.
Finalmente, la presidenta Delcy Rodríguez insistió en que el país no cederá el control de sus recursos naturales: «Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones». Bajo un compromiso de transparencia, concluyeron asegurando que «los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado» en este proceso concebido como una etapa de renacimiento nacional.
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