Frente a la aparente sensación o clima social de normalización en la economía venezolana, el trasfondo de la flexibilización del gobierno de Nicolás Maduro en su política económica se debió no a una intención política expresa de desbloquear la crisis, sino al devastador efecto de la presión financiera de Estados Unidos.
Y aunque el efecto de la contracción en la oferta de dólares y el aumento en la demanda durante el último trimestre de este año devaluó aceleradamente el bolívar, lo cual generó el fenómeno de la economía comercial de importaciones de productos de consumo terminados, haciendo surgir los famosos «bodegones», causó un clima de supuesto de mejoría financiera para el sector comercial y la circulación de divisas, la realidad es que, como afirman muchos economistas, eso es solo un espejismo.
Es por ello que la economista y directora de la firma Síntesis Financiera, Tamara Herrera, opinó que la variación que tuvo la economía nacional este 2019, se vio marcada por la coexistencias de fuerzas contrarias, “por la permisividad del Estado y los efectos de las sanciones impuestas al país”.
El gobierno de Maduro levantó de facto el control de cambio al permitir transacciones y pago de impuestos en dólares al Estado por parte de negocios, comercios, empresas y supermercados, así como también eliminó el control de precios y liberó los aranceles de importación. Esa «permisividad» y flexibilidad del Ejecutivo no supone un proceso de recuperación macroeconómica, sino que las sanciones de Estados Unidos comenzaron a hacer mella en el flujo de caja del gobierno de Maduro al cortarle el ingreso de dólares por exportación de petróleo a EEUU y restringiéndole su capacidad para captar fondos de las cuentas del Estado venezolano en el sistema financiero internacional.
Aseveró que esa flexibilidad del gobierno en materia de precios para evitar la escasez y en materia de salarios para permitir que se hicieran los ajustes del tamaño de las empresas, a su vez originó aumentar en algunos casos la producción para reducir la escasez y no la inflación.
“Frente a esta fuerza de permisividad, estuvo la otra fuerza que fue muy represora y cerró el crédito bancario con la indexación que vino después del encaje legal, son cosas que van en direcciones contrarias y por eso el efecto positivo que se puede lograr es limitado”, dijo.
Pero el efecto de las sanciones no es el único factor que tiene con margen cerrado al Gobierno. Su propia política de cortar el crédito de raíz al aumentar el porcentaje de fondos y depósitos que los bancos le deben dar a las reservas del BCV de su propia liquidez, le quitó aun más velocidad a los flujos financieros y reales del país, es decir, a la economía cotidiana que se mueve entre los comercios, negocios, empresas y la sociedad.
En entrevista en Unión Radio indicó que este año la economía arrojará “resultados mejores” en materia de desaceleración de la inflación. Sin embargo, enfatizó que la contracción tiene un acumulado de más de 70% del tamaño de la economía, «no alcanza la economía para la gran población que tiene, este proceso de controlar y reducir la inflación destruye el empleo”.
Ricardo Serrano / Unión Radio
