El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobará mañana en Washington un fondo de 1.000 millones de dólares para las ciudades latinoamericanas que están recibiendo más inmigrantes transfronterizos en poco tiempo, sobre todo a partir de la crisis venezolana.
«La idea es combinar recursos de concesión, como la donación que hoy anunció la ministra española de Economía, Nadia Calviño (de cinco millones de dólares) con los esfuerzos de ahorro que vamos a hacer en el mismo Banco para cooperaciones técnicas, porque la realidad de Bogotá, Lima o Quito es distinta», dijo este miércoles a Efe el presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno.
El fondo está formado por cien millones de dólares del capital del Banco, cien más de otros donantes y 800 millones de financiación en créditos «blandos» para proyectos de infraestructuras o de educación, ente otros, explicó a EFE el asesor de la Oficina de la Presidencia del BID Martín Bès.
El fenómeno de los movimientos migratorios ha existido siempre, pero nunca se había visto tanto incremento en los últimos años por varias causas, como en Venezuela, Siria y otros países árabes, constató Moreno en el seminario «Migración y ciudades: el camino hacia una integración inclusiva», organizado hoy por el BID y Telefónica en Madrid.
Y supone un desafío para los países de acogida y sus servicios de sanidad, educación, vivienda, empleo e integración en las ciudades, donde el planeamiento urbano es fundamental, añadió Moreno.
El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Axel van Trotsenburg, habló de problemas de «financiación» para la acogida de inmigrantes venezolanos en países de la región con ingresos medios, como Colombia, donde atender a 1,2 millones de personas supone el 0,5 % del PIB anual.
Sobre Venezuela, añadió que lo urgente de Venezuela es la ayuda humanitaria, pero habrá que reconstruir el país es un «desafío enorme».
Moreno dijo que Venezuela supera los 18 meses de impagos con el BID, constató la urgencia humanitaria y afrontar la quiebra de los servicios públicos, las infraestructuras y el «colapso del sector privado».
El gerente del Gobierno colombiano para la Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, explicó que los venezolanos en su país pueden llegar para finales de este año a dos millones, así que el cálculo del 0,5 % del PIB para atenderlos está desfasado.
Muñoz reclamó un «modelo singular» para América Latina porque «no queremos el modelo europeo de campos, donde están excluidos».
El alcalde de Santiago de Chile, Felipe Alessandri, explicó que el país no estaba preparado (la ley de inmigración es de 1975) y los municipios han tenido que reaccionar. El 60 por ciento de los escolarizados de primaria de la capital son inmigrantes.
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