La visita a Venezuela del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas coincidió con reiterados hechos violencia contra periodistas y medios de comunicación. Así lo evidenciaron los registros de IPYS Venezuela que mostraron un aumento del peligro en la cobertura periodística durante los primeros 18 días de marzo, un lapso que acumuló 50 casos de agresiones y ataques.
Estos incidentes ocurrieron en desconocimiento de ocho recomendaciones que aceptó el Estado venezolano dirigidas a evitar los hechos de agresiones y ataques contra periodistas y aumentar las medidas de seguridad y protección, en las que coincidieron ocho países: Chile, Brasil, Austria, Estonia, Francia, Nueva Zelanda, Portugal y Holanda. Este llamado lo hicieron a propósito del segundo ciclo del Examen Periódico Universal, la evaluación más importante en materia de derechos humanos, que presentó el país ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre 2016 y 2017.
La cifra demuestra que han aumentado los riesgos para la prensa nacional y extranjera en el país en comparación con 2018. El año anterior ocurrieron 53 incidentes en todo el primer trimestre del año, mientras que en los primeros 76 días de 2019 ascendieron a 178 los reportes de violaciones a libertad de expresión, según el monitoreo de esta organización.
Siete de cada 10 de los hechos que se registraron en las dos primeras semanas de marzo implicaron agresiones de calle, ataques y hechos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación. También hubo detenciones arbitrarias, medidas de censura y restricciones al acceso a la información pública. El patrón que se mantuvo fue el abuso de poder por la participación directa de funcionarios públicos e instituciones estatales en más de la mitad de los casos registrados, en 10 estados del país.
Las preocupaciones por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela, también, fueron denunciadas por Michelle Bachelete, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la sesión del 20 de marzo en Ginebra dijo: “me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información”.
Violencia contra periodistas
Funcionarios estadales y simpatizantes oficialistas perpetraron siete agresiones, acciones de intimidación, robos contra los periodistas y restricciones en la cobertura para impedir la difusión de información sobre las visitas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Barquisimeto, entre el 14 y 17 de marzo.
Javier Cabrera, director de salud en la región larense, acusó a los periodistas de El Pitazo y El Informador de ser “un grupo de activistas políticos que se vinieron a hacer unos videos y gritar”. Los periodistas afectados en esa primera agresión fueron Liz Gascón, corresponsal de El Pitazo; Aura Rosa Castillo y Daniel Sosa reporteros del diario El Informador. Estos hechos sucedieron en la cobertura del 16 de marzo mientras los trabajadores de la prensa registraban los testimonios de los familiares de los pacientes quienes realizaban una protesta en Hospital Central de Barquisimeto, el principal centro de salud de la región centroccidental por las deficiencias de los servicios médicos.
NAM/La Patilla
