Los acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) presentaron ante el Tribunal Federal en San Juan las primeras demandas contra el Gobierno tras el fin de la moratoria para pleitos judiciales que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
El Congreso de EEUU, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, aprobó en junio la llamada ley Promesa para llegar a acuerdos amigables por las deudas de la isla, que ascienden a 70 mil millones de dólares.
Las demandas abren un proceso de quiebra tutelado por la justicia. El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, evalúa las alternativas a los litigios.
NV1/ EFE
