La disputa entre España y los separatistas catalanes llegó a un juez de Bélgica el domingo, luego que el depuesto líder regional y cuatro exministros se entregaran a las autoridades en Bruselas para enfrentar una posible extradición a Madrid por supuestamente planear una rebelión.
Horas después que el presidente regional de Cataluña Carles Puigdemont y otros funcionarios se entregaron a las autoridades belgas, el partido de Puigdemont lo presentó como líder para la próxima elección regional convocada por el gobierno español _lo que significa que podría encabezar la campaña desde Bruselas mientras trata de impedir un regreso forzado a España.
Las autoridades judiciales de Bélgica ahora deben tomar una decisión plagada de implicaciones diplomáticas para las dos naciones pertenecientes a la Unión Europea, y de consecuencias políticas para Cataluña _la intranquila región del noreste de España que busca su independencia.
Los cinco políticos catalanes que huyeron a Bélgica una vez que las autoridades españolas los retiraran de sus cargos el 28 de octubre, quedaron detenidos el domingo bajo órdenes europeas de arresto emitidas luego que no se presentaran a un interrogatorio en Madrid la semana pasada.
Después de su entrega voluntaria, un juez investigador belga tiene 24 horas _hasta las 9:17 de la mañana del lunes_ para decidir si encarcelarlos u otorgarles la libertad en Bélgica mientras se agota el proceso de extradición.
El juez también cuenta con la opción de no detenerlos pero imponerles condiciones para su libertad, como ordenarles que permanezcan en Bélgica, dijo el fiscal público adjunto, Gilles Dejemeppe, a The Associated Press.
Dejemeppe señaló que el proceso de extradición podría tomar más de 60 días, mucho después de la fecha programada para la elección regional en Cataluña.
El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que cualquier político puede postularse en la elección a menos que sea condenado por un delito.
Puigdemont y los cuatro exministros salieron la semana pasada rumbo a Bélgica después que el gobierno español, que busca poner fin a la escalada de los separatistas catalanes de obtener su independencia, aplicó la autoridad constitucional para tomar el poder de la región.
Los funcionarios señalaron que querían que su voz fuera escuchada en el corazón de la Unión Europea y se rehusaron a volver a España, argumentando que allá no podrían enfrentar un juicio justo.
Otros nueve miembros depuestos del gabinete de Cataluña cumplieron con los citatorios de un juez español para ser interrogados el jueves en Madrid. Tras la audiencia, el juez ordenó el encarcelamiento sin derecho a fianza para ocho de ellos mientras se realiza la investigación. El otro pasó la noche en prisión antes de pagar una fianza para su liberación.
Ya sea en Bruselas o Barcelona, Puigdemont está en el centro de la disputa política por una posición para iniciar una campaña que promete ser tan encarnizada como importante para la peor crisis institucional de España en casi cuatro décadas.
Aunque los partidos que se opusieron a la independencia de España intentan sumar apoyo para retomar el control del parlamento regional de Cataluña, los partidos secesionistas discuten la posibilidad de formar una gran coalición para los próximos comicios.
Otro expresidente regional, Artur Mas, dijo el domingo a la televisión pública catalana que está a favor de una coalición de partidos para las elecciones de diciembre. Pero añadió que los principales objetivos de los simpatizantes por la secesión deberían ser recuperar su autonomía y la liberación de los separatistas encarcelados.
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