Con una votación de 5 a 4, la Sala Plena de la Corte Constitucional negó la tutela que la defensa del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez radicó para intentar tumbar la condición de imputado penal que tiene en un proceso que se le sigue por posible fraude procesal y soborno a testigos.
Los cinco votos contra la tutela, según informó el alto tribunal en la noche de este miércoles, fueron los de Diana Fajardo, Gloria Ortiz, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alejandro Linares. En una posición diferente quedaron Jorge Ibáñez, Paola Meneses, Alberto Rojas Ríos y Antonio Lizarazo.
El debate al interior del alto tribunal se extendió por más de nueve horas, y estuvo lleno de diferencias, a tal punto que solo fue hacia las 8:20 de la noche que el magistrado ponente, Alejandro Linares, dio a conocer la decisión que mantiene en firme el expediente que tiene a Uribe imputado desde el 6 de noviembre de 2020.
En un video se siete minutos, Linares explicó que “la Sala Plena de la Corte resolvió revocar la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, del 26 de enero de 2021, y en su lugar negar la acción de tutela de Álvaro Uribe contra el Auto del 6 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado 4 con función de conocimiento de Bogotá”.
El togado dejó claro que si cualquiera de las partes procesales identifica que sus garantías no se les están cumpliendo podrá solicitar una audiencia innominada ante el juez de control de garantías, reseña la prensa de Colombia.
¿En qué se basó la Corte?
La discusión, que estuvo pasada por un debate virtual en la mañana y una sesión presencial en la tarde, estudió los argumentos de cada uno de los nueve togados que componen la Sala Plena.
No obstante, la mayoría de los magistrados encontraron que se partió de un vacío normativo en el que tuvieron que acudir al derecho procesal para llenarlo. Este se produjo por la dificultad que hay para adecuar una situación como la de hoy. Es decir, un expediente que estuvo bajo la Ley 600 del 2000 al de la Ley 906 de 2004 (el nuevo sistema penal acusatorio).
La incógnita que resolvió la Sala Plena es si la indagatoria que la Corte Suprema le abrió al expresidente el 24 de julio de 2018 se podía equiparar a la imputación bajo la mencionada Ley 906.
Luego del debate, el alto tribunal señaló que cuando se pasa de un sistema a otro por renuncia (lo que hizo Uribe al apartarse del Senado) o por adquisición de fuero constitucional, durante la investigación se conservará validez a toda investigación que se haya aplicado en contra de la determinada persona.
La decisión la tiene la jueza
Con lo determinado por la Corte Constitucional, el proceso en contra del expresidente se mantiene vivo en el Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, el cual tiene pendiente resolver el pedido de preclusión que hizo la Fiscalía.
Frente a él está la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa, quien luego de escuchar a las partes debe decidir si tras los hechos expuestos el fiscal delegado Gabriel Jaimes tiene la razón, o si por el contrario atiende el pedido de las víctimas de no precluir el expediente.
Para llegar eso primero tendrá que escuchar a las cinco víctimas acreditadas. Por el momento ha escuchado a tres, siendo el exfiscal Eduardo Montealegre el último que habló pidiendo adjuntar 55 nuevas pruebas al proceso.
Falta que intervengan el abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez (expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve); y la abogada Laura Valentina Muñoz, quien fue admitida por la jueza en los últimos días.
Es por esto que el caso podría terminar resolviéndose en 2022. ¿Por qué? La Rama Judicial cesa sus actividades el próximo 15 de diciembre, y el tiempo para terminar de escuchar a las víctimas está apretado, teniendo en cuenta que todas tienen el derecho a exponer sus argumentos durante siete días cada una.
NAM – El Universal
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