Durante su intervención, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, aseveró que la remisión -o denuncia- no es más que una muestra del apego de Venezuela al derecho internacional, un acto de coraje y de valentía del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.“Fuimos con la frente en alto, fuimos a la Corte Penal Internacional no a llorar ni mucho menos, sino a llevar las pruebas de las medidas coercitivas unilaterales para que haya justicia, para que puedan demostrar que son crímenes de lesa humanidad, fuimos a llevar las pruebas”, apuntó el Canciller.
“Las medidas coercitivas unilaterales son un arma de destrucción masiva, son parte de un ataque multiforme (…) donde se utiliza la fuerza, que paradójicamente está prohibida en la Carta de las Naciones Unidas”, dijo el Ministro.
Agregó que, “no solo es una estrategia de bloqueo contra el pueblo venezolano, sino que además es persecución cruenta y criminal (…) ahí tenemos la lista desde el año 2014 de las acciones que han realizado”.
El canciller Arreaza enfatizó que es importante que el pueblo se apropie de la acción legal y de los términos jurídicos de la misma. Dijo, “nuestra responsabilidad con ustedes, con el pueblo, es que se apropien de las ideas, de las acciones (…) el pueblo organizado debe asumir la demanda como propia”.
Resaltó que las medidas coercitivas unilaterales no son sanciones, las llaman sanciones desde el gobierno de Estados Unidos, violando los principios de cualquier relación entre los Estados, y se toman para generar dificultades económicas y sociales contra Venezuela, y son medidas unilaterales que toman para obligar o coaccionar a otro.
Señaló que según el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, la acción emprendida por Venezuela recibe el nombre de “remisión”, pero que esta es equivalente a una demanda o a una denuncia, “nosotros hemos denunciado, hemos demandado al gobierno de Estados Unidos por atacar con medidas coercitivas unilaterales al pueblo venezolano, y tiene la Corte penal Internacional un caso sólido para investigar, para enjuiciar, y para determinar responsables, para determinar quiénes son los culpables (…) y el derecho internacional debería ir por esos culpables”.
En ese mismo orden de ideas indicó que Venezuela no puede decirle a la Corte Penal Internacional quiénes son los responsable del sufrimiento causado en el pueblo venezolano como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, se trata de pedir a la Fiscalía de la Corte que haga las investigaciones pertinentes y determine quiénes son los responsables para que la instancia internacional pueda enjuiciarlos y encarcelarlos.
Por su parte, la alcaldesa bolivariana de Machiques, Betty Cifuentes de Zuleta, calificó el acto como “pedagógico y de responsabilidad con el pueblo venezolano, porque detalla y analiza las acciones jurídicas ejercidas el pasado 13 de febrero por el por el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la ciudad de La Haya, Países Bajos.
