Esta semana, los comercios se han ido adecuando a la implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, IGTF, mientras muchos comerciantes dudan si pertenecen o no a la nueva categoría de sujetos pasivos especiales y otros, los que intentan ajustarse a la ley, se quejan de los costos que eso implica y del impacto negativo a sus ventas que el tributo tendrá.
Aunque el nombre de la nueva carga impositiva sea Impuesto a la Grandes Transacciones Financieras, en siglas IGTF, y en la letra se adjudique a cierto tipo de contribuyentes, lo cierto es que pequeños y medianos comercios ya están en proceso de ponerse al día con una medida que desde este lunes ya ha entrado en vigencia.
Teniendo en cuenta que el bolívar ha perdido espacio frente a la moneda extranjera, y considerando la incidencia del peso en la economía de frontera, como la tachirense, la zuliana y la apureña que abarcan un alto porcentaje dentro de las operaciones comerciales, su impacto resulta innegable.
Precisamente, un justificativo del tributo, enarbolado por representantes del Gobierno nacional, ha sido el de volver a darle protagonismo al signo monetario nacional, pero muchos temen que estos intentos artificiales, sin estímulo a la productividad en general, a la larga conlleven inflación.
En la práctica y en la difusión informativa, se ha aplicado una alícuota del 3 % para pagos con dólares o pesos; no obstante, economistas han indicado que en la reforma a la ley se establece un vago escalafón para todo “contribuyente especial”, establecido de la siguiente manera:
*De 0 a 2 % para casi todas las transacciones con bolívares.
*De 2 a 8 % para las transacciones dentro del sistema bancario, en divisas o criptomonedas que no sean emitidas por el BCV (o sea, mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, etc.).
*De 2 al 20 % en el caso de las transacciones en divisas o criptomonedas no emitidas por el BCV sin mediación de instituciones financieras (efectivo).
En algunos negocios del Táchira, encuestados por el equipo de Diario La Nación,aún no han recargado sobre su factura el nuevo impuesto, ya sea, entre otras razones, porque muchos se consideran eximidos del tributo o no están informados al respecto, porque temen las consecuencias que traerán en sus ventas, o porque sencillamente no pueden cubrir el costo de las nuevas máquinas fiscales. Sin embargo, ya muchos consumidores han presentado sus facturas, luego de realizar sus respectivas compras en los supermercados de la zona, donde constatan la recarga al monto final que han tenido que cancelar por sus compras.
Con la reforma al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, sobre el cliente final cae todo el peso del tributo, ya que se aplica a la hora de comprar un mercado en un supermercado o una prenda de vestir en una tienda, por ejemplo, en tanto que, a diferencia del IVA, hasta los momentos no se han determinado exenciones para servicios o productos de la canasta básica alimentaria o de consumo prioritario. Esto se alejaría del espíritu inicial del impuesto proclamado por el Ejecutivo nacional, de “cobrarle al que más tiene”.
«El IGTF es un impuesto que se traslada al consumidor. Va gravar al usuario que pague en divisas o criptomonedas. Ha tomado por sorpresa a la mayoría de los comerciantes y a la mayoría de los asesores tributarios y financieros, quienes se han demorado en la implementación porque los softwares todavía no han culminado su aplicabilidad, o sea, en el modelo de factura, en la adecuación de la impresora o máquina fiscal, y eso ha retrasado su cobro», explicó el economista Aldo Contreras.
Ese calificativo de “el que más tiene”, tendría que estar relacionado con el tipo de negocios que calificaría a ser “contribuyente especial”, al que va dirigido el gravamen; y para entrar en esta categoría basta con tener una ingreso anual por el orden de los 33 dólares para persona natural y los 133 dólares para las empresas, de acuerdo al valor actual de la unidad tributaria, de 0,02 bolívares.
De hecho, expresiones como “a mí no me sale”, “a mí no me corresponde”, “yo no soy contribuyente especial”, se hicieron comunes en algunos entrevistados, aunque otro aceptó que “vamos todos para allá”.
«Básicamente, a todos los supermercados -los formales, claro está-, a las farmacias, donde se compra línea blanca o línea marrón, y la industria en general, se les considera “sujeto pasivo especial”, que carga el 3 % del impuesto al consumidor, algo que no sucedía con el IGTF antes de la reforma, donde la empresa era la que lo asumía, y no hay mínimos ni máximos para cobrarlo. Los contribuyentes ordinarios y las personas naturales tenemos un año de prórroga para el pago de este IGTF. En los estados que están más dolarizados se hace más complicado el tema del vuelto: imagínate, a quien compra un combo de hamburguesas por 10 dólares, por el cual se deben pagar 30 centavos de dólar de impuesto; pero si das 11 dólares, ¿cómo te van a dar los setenta centavos de vuelto?», continuó en su exposición Contreras.
En espera de aclarar las vaguedades de la ley, los comerciantes confían en que el Seniat emita un instructivo.
«El instructivo por parte del Seniat no ha salido y, por lo tanto, hay algunos criterios subjetivos por parte de los profesionales en las ciencias económicas y sociales. El argumento de la AN ha sido el fortalecimiento del bolívar, pero en el caso de estados como Táchira, donde el 94 % de las transacciones comerciales se hacen en pesos colombianos, y la frotnera del estado Zulia, donde también impera la moneda colombiana pues lo que se va a lograr es aumentar la inflación. Si una persona, por ejemplo, un plomero, cobra a una familia por un servicio 100 mil pesos, tendría que ir al banco, depositarlos, llegar a su casa y entrar a la página web para subastar las divisas, adquiriendo así bolívares para hacer sus compras en el supermercando, rogando que el punto funcione y que haya energía eléctrica. Es decir que la aplicabilidad del impuesto, en estos casos, es sumamente complicada».
NAM/Vía La Nación
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