La corrupción es el fenómeno endémico y estructural que ha alterado todo el sistema de relaciones políticas, económicas y sociales en Venezuela a lo largo de este período de una grave crisis multidimensional enmarcada en un proceso de involución económica, desgaste social y alto grado de conflictividad política-institucional.
De tal forma que los hechos sucedidos el pasado domingo 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (Caracas), con el asalto ejecutado por diputados chavistas, diputados opositores disidentes y efectivos de la Guardia Nacional, aceleraron un ciclo de tensión política que puso en tela de juicio la fragilidad de la ética y la clase política en Venezuela.
Ese hito histórico en el que el Parlamento fue objeto de un quiebre institucional y ruptura del orden constitucional nuevamente, resultó ser parte de una presunta operación política en la cual el gobierno de Nicolás Maduro les habría entregado 1 millón 500 mil dólares a cada uno de los 17 diputados que votaron en contra de la reelección de Guaidó como jefe de la AN, y a algunos les habrían ofrecido la suma de 700.000 dólares, según denuncias de voceros de la oposición pertenecientes al círculo de confianza del líder opositor.
En una entrevista con el periódico español ABC, el llamado presidente encargado de Venezuela reveló cómo se dio ese cálculo político de él y su equipo sobre lo que ya veían como una jugada cantada por parte del chavismo.
«Sabíamos que ellos iban a intentar tomar la Asamblea Nacional e imponer una junta directiva falsa y por eso hicimos todo lo posible para instalar como se debe la sesión del Parlamento. Ya lo había denunciado el diputado José Guerra con la compra de votos del chavismo en la llamada Operación Alacrán. Hay testimonios ahora como el del diputado suplente José Hernández que le ofrecieron 700.000 dólares para votar en mi contra y usaron la palabra «neutralizar» a su principal que suponemos se podía tratar de la desaparición física, inhabilitarlo o allanarle su inmunidad parlamentaria para que no pudiera asistir a la sesión. También lo hicieron con Luis Stefanelli, Carlos Lozano, Leandro Domínguez, etc.», dijo Guaidó en la entrevista realizada este jueves.
La estrategia del chavismo, según Guaidó, era instalar una junta directiva de facto para volver a tomar control del Parlamento por la fuerza misma del Estado a pesar del grado de ilegimitidad e ilegalidad que reviste ese acto no democrático por parte del gobierno de Maduro, que contraviene la Constitución y el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional.
Asimismo, el jefe de la AN reconoció que sin el apoyo de la Guardia Nacional y el resto de la Fuerza Armada venezolana es imposible lograr la transición que plantea en el país.
«Hay que insistir en la Fuerza Armada. El miércoles vimos una metáfora perfecta de como unos pequeños sostienen a la dictadura en el caso de la puerta del hemiciclo que logramos abrir y todo el pueblo de Venezuela intenta abrir las puertas de la democracia. Tenemos que lograr con presión que los pocos que sostienen a Maduro permitan la libertad de Venezuela», dijo al diario ABC de España.
Hasta los momentos y en esta etapa del prolongado ciclo de crisis política en que Venezuela lleva sumida desde 2017, pero con mayor confrontación desde inicios de 2019, Guaidó cuenta con una amplia red de apoyo social interno, apoyo político, así como una plataforma diplomática, financiera e internacional que sostiene las acciones administrativas de su gobierno interino contra el Estado manejado por Maduro.
Sin embargo, aun no logra captar el apoyo mayoritario o al menos parcial del sector militar en las cadenas de mando clave de la Guardia Nacional y el Ejército, que son los dos cuerpos con mayor control territorial en todo el país bajo las directrices políticas del gobierno de Maduro.
Otro bloque internacional de amplia influencia y alcance geopolítico en el mundo, especialmente en Occidente, se ha manifestado de una forma en la cual se le agregaría así un nuevo revés político al actual sistema de poder que el chavismo terminó de completar con su asalto al Parlamento el pasado 5 de enero, que conllevó a la juramentación del diputado opositor Luis Parra como presidente de la AN, señalada de ilegal y con acusaciones de corrupción que pesan sobre ese parlamentario.
Este reconocimiento y ratificación de la Unión Europea a Guaidó, a quien acepta como presidente interino de Venezuela, implica que el Parlamento paralelo que encabeza Luis Parra no tendrá la posibilidad de acceder a créditos, convenios y alianzas diplomáticas o financieras con otros Parlamentos, embajadores o gobiernos del mundo, pues no tiene el respaldo internacional necesario para buscar recursos externos que le permitan realizar gestiones administrativas, legislativas y políticas en su rol como poder del Estado frente a la crisis del país.
Es decir, todo eso seguirá siendo posible solo para la Asamblea Nacional legítima, que preside Juan Guaidó desde el 5 de enero de 2019.
De tal forma que ahora podría radicalizarse más la posición del Parlamento paralelo liderado por Parra en buscar el reconocimiento judicial del TSJ para que acepte y avale jurídicamente todas las leyes que este apruebe por encima de la actividad legislativa legítima de la AN de Guaidó, que es el Parlamento en funciones constitucionales desde el 5 de enero de 2016 y que resultó electo el 6 de diciembre de 2015 por 14 millones de venezolanos.
Ricardo Serrano
