El informe anual 2018 que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluye nuevamente a Venezuela en su lista negra por el deterioro de las condiciones estructurales que afectan los derechos de los venezolanos derivando en una crisis política, social y económica.
La CIDH, un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, resaltó en su informe que en Venezuela la ausencia del Estado de derecho agudizó la crisis, debido a la falta de independencia de poderes, y la injerencia de órganos no reconocidos como la asamblea constituyente, para que se realizaran unas elecciones donde fue ratificado Nicolás Maduro para un nuevo mandato.
“El desarrollo de las elecciones presidenciales y la prórroga del estado de emergencia agravaron aún más la ya de por sí crítica situación institucional, signada por la falta de una efectiva separación, independencia y equilibrio de los poderes estatales, y que reconoce en la falta de una justicia independiente e imparcial una de sus principales causas”, afirma la Comisión.
Al igual que el informe oral presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la CIDH sentenció que frente al deterioro de los derechos sociales y económicos “la respuesta del Estado ha sido deficiente y, en situaciones, con una falta de acceso a la atención médica necesaria, lo cual ha afectado severamente a los niños y niñas, las personas enfermas, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas mayores, entre otros grupos”.
Además, se destacó que se han seguido registrando muertes en protestas sociales, “en un contexto de militarización de la seguridad” que afecta la vida, integridad personal y los bienes de la población.
Mientras que el deterioro de los “derechos políticos y la participación en la vida pública registraron nuevos y graves episodios de ataques, persecución y encarcelamiento a políticos opositores, disidentes, periodistas, manifestantes, empleados públicos, defensores y defensoras de derechos humanos, y público en general”.
A pesar de ello, en respuesta a las solicitudes de información de la CIDH, el Estado venezolano informó sobre el cumplimiento de medidas cautelares que “beneficiaron” a cuatro presos políticos: Daniel Ceballos, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado y el militar retirado Ángel Vivas.
Pero el Estado no respondió ante las solicitudes para garantizar las medidas cautelares a pacientes del área de Nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos; los militares Juan Carlos Caguaripano, Luis Humberto de la Sotta Quiroga o el twittero Pedro Jaimes, privados de su libertad sin acceso a la atención médica adecuada; el diputado Juan Carlos Requesens y 43 personas en riesgo por la falta de entrega de medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH.
La CIDH también aduce que ante la grave crisis económica y social, “caracterizada por el desabastecimiento y escasez” ha afectado los grupos más vulnerables, y ha provocado el desplazamiento masivo de migrantes y refugiados del país.
Desde el 2015, más de 3.4 millones de venezolanos han salido de su país y la región de América Latina y el Caribe ha recibido aproximadamente 70% de ese flujo migratorio, según la Organización Internacional de Migraciones.
Por ello, la CIDH recomendó a Venezuela revertir la decisión de retirarse de la OEA, adherirse a la Convención Americana sobre DDHH y otras 87 recomendaciones para garantizar los derechos políticos, económicos y sociales con el objetivo de revertir la crisis.
NAM/Tal Cual
